Los cocaleros dieron un ultimatum de 48 horas para que la autoproclamada presidente Jeanine Añez renuncie. Además exigieron el "repliegue" de las FFAA como condición para conversar.
La represión en el país ya dejó un saldo de al menos 23 muertos y más de 700 heridos, según confirmaron desde organismos internacionales.
El comandante general de la Policía, Rodolfo Montero, informó que se estaba "abriendo un diálogo" con los seguidores de Morales que en El Alto, ciudad aledaña a La Paz, mantenían cerrada la planta de combustibles de Senkata, que abastece a la capital.
"Estamos agotando el diálogo, justamente el comandante regional de El Alto está abriendo un diálogo con los señores del Distrito 8 para que podamos abrir la planta de Senkata y poder trasladar hasta acá el combustible necesario para poder normalizar (el abastecimiento) en la ciudad de La Paz", dijo Montero a periodistas, según la agencia noticiosa estatal ABI.
Pero el MAS respondió que no dialogará mientras el gobierno no saque a las Fuerzas Armadas de las calles.
"Exigimos el repliegue de las Fuerzas Armadas; den condiciones para la paz, den condiciones para un diálogo sincero; no puede ser que mientras se está promoviendo el diálogo por un lado, por el otro se estén haciendo masacres con nuestra gente", afirmó la diputada Sonia Brito en conferencia de prensa, acompañada por otros legisladores, según la agencia EFE.
Condena de la CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó ayer a 23 el número de muertos y a 715 el de heridos en incidentes en Bolivia tras las elecciones del pasado 20 de octubre y el golpe de Estado que llevó a Evo Morales a renunciar a la presidencia del país.
"Se totaliza por lo menos 23 personas muertas y 715 personas heridas desde el inicio de la crisis institucional y política", informó esta entidad en Twitter.
Estos datos actualizados se refieren a víctimas en choques entre cocaleros afines a Evo Morales y fuerzas del orden el pasado viernes cerca de la ciudad de Cochabamba, en el centro de Bolivia, en la jornada más trágica desde el comienzo de la crisis.
Evo Morales, asilado en México, escribió en Twitter que: “Exigimos al Gobierno de facto de Añez, Mesa y Camacho identificar a los autores intelectuales y materiales de las 23 muertes en 5 días por la represión policial y militar.
Denuncio a la comunidad internacional estos delitos de lesa humanidad que no deben quedar en la impunidad”.
La CIDH denunció en además un decreto del Gobierno provisional de Bolivia que exime a las fuerzas del orden de responsabilidad penal si actúan "en legítima defensa o en estado de necesidad" y bajo criterios de "legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad". El Ejecutivo de Añez respondió que no supone una "licencia para matar" y se enmarca en la Constitución y las leyes del país.
La Defensoría del Pueblo de Bolivia advirtió de que recibe denuncias "sobre posible implantación de evidencias con el fin de incriminar a personas en actos delictivos" por parte de la Policía.
