La causa mantuvo durante todo el juicio que lleva adelante el Tribunal de Juicio Sala IV integrado por Norma Beatriz Vera, Roberto Lezcano y Paola Marocco, la carátula de homicidio simple, por lo que se descarta que el Ministerio Público Fiscal, pida los años que según la ley suponen una pena de entre los 8 y los 25 años, teniendo en cuenta que existe un agravante como lo es la función pública de Condorí que en aquel año 2011, era policía, que se desempeñaba en la División Trata de Personas.
Fueron ocho años de una lucha sin descanso para la madre de Cintia, Ana, que por la injusticia que advertía, estaba rodeando la investigación, la llevó a protagonizar marchas, que cada viernes, recorre los alrededores de Plaza 9 de Julio.
Así nació Familiares de Víctimas de la Impunidad, que semana tras semana fue sumando, el reclamo de más y más causas.
Ana Fernández, durante todos estos años, insistió en la responsabilidad de Condorí , ya que ella sostenía que su hija podría haber escuchado algo, de quien se desempeñaba en Trata, que no era conveniente.
“Esconder a Condorí”
“Tuve que soportar que se tratara de empañar la conducta y moral de mi hija, escuchando barbaridades, todo para esconder a Condorí”, dijo oportunamente al tiempo que señalaba los puntos que de ese día recordaba le sorprendían, tal como la cantidad de policías que ingresaron al departamento, que lejos de preservar la escena del crimen, la contaminaban.
Y esto finalmente durante el juicio, estaría quedando a la vista y probado que la escena del crimen fue modificada, también se escucharon muchos cambios de opinión entre peritos por los procedimientos que se llevaron adelante para levantar muestras y analizarlas, al igual que la autopsia, lo que deja mal parado el accionar que se llevó adelante en la investigación, que llevó ocho años hasta llegar a juicio.
En ese marco la situación de Condorí estaría seriamente complicada, teniendo en cuenta que de los testigos ofrecidos por su defensa que ejercen Daniel Luna y Humberto Eckardt tres quedaron detenidos e imputados por falso testimonio, con situaciones que fueron incomprobables o que cambiaron entre la primera declaración y la del estrado.
Policía detenida
La primera detenida, una mujer policía, había tenido a su cargo la investigación del caso al primer momento. El segundo, un expolicía, era compañero de Condorí al momento del hecho, cuando ambos se desempeñaban en la División Trata de Personas. El último detenido, un hombre de apellido Zerpa, que tenía a su cargo la administración del consorcio donde vivía y fue encontrada muerta Cintia Fernández.
El 3 de mayo de 2011, Ana Fernández, encontró el cuerpo sin vida de su hija, en el departamento de Parque La Vega, donde vivía la joven, quien falleció por asfixia por sofocación. El informe médico estableció que la víctima había fallecido por traumatismo de cráneo con hemorragia intracreaneana. Además presentaba otras lesiones compatibles con golpes.
La investigación llevó a la conclusión de la existencia del delito, aseverando que Cintia Fernández habría sido asesinada ese 28 de abril. Lo que tiraba por tierra la primera sospecha de suicidio.
Condorí, imputado por el delito de homicidio simple, llegó a juicio detenido bajo la modalidad de prisión domiciliaria, durante el juicio se encomendó su custodia al Servicio Penitenciario de la Provincia. Ello fue resuelto por los jueces al denegar el pedido efectuado por la fiscalía interviniente de proceder a la detención efectiva del imputado.
Había sido procesado en septiembre de 2017, pero se había ordenado la permanencia en libertad, decisión que fue revocada luego por los jueces de Impugnación, que recordaron que la “Corte Federal tiene dicho que la idea de justicia impone que el derecho de la sociedad a defenderse contra el delito sea conjugado con el del individuo sometido a proceso de manera que ninguno de ellos sea sacrificado en aras del otro”.
El expediente penal cuenta con 33 cuerpos, 4 incidentes y 17 cajas de pruebas.
