Por otra parte a ese reconocimiento se agrega un informe de telefonía del equipo celular de Sergio Horacio Vargas que estaría complicando aun más la situación del imputado. La fiscal penal de UGAP, Ana Inés Salinas Odorisio, al señala que los elementos probatorios sumados en las últimas horas, confirman que el imputado debe mantener la prisión preventiva, para no poner en riesgo la investigación en curso.
Vargas, de 34 años, está acusado de la presunta comisión del delito de supuesto homicidio calificado por ensañamiento, alevosía y por precio o promesa remuneratoria, en calidad de partícipe secundario, en perjuicio de Jimena Beatriz Salas.
Salinas Odorisio advirtió este lunes que variaron las circunstancias en contra del imputado, al sumarse más pruebas de cargo que sustentan el pedido de mantenimiento de prisión preventiva, y en ese sentido, alertó sobre el peligro que podría acarrear para la investigación el otorgamiento de la libertad a Vargas.
Los nuevos elementos surgieron en las últimas horas, a partir del análisis de la telefonía del acusado, cuyo análisis incluyó los llamados hechos y recibidos por Vargas durante la jornada del 27 de enero de 2017, fecha en la cual fue asesinada Salas.
Además, se sumó este lunes la declaración testimonial de una mujer que aseguró haber visto a Vargas en la hora aproximada de muerte de Salas, en el sector del portón del domicilio de la víctima, sobre calle Las Virginias, en barrio San Nicolás de Vaqueros.
Actualmente, el juez del Tribunal de Impugnación, Eduardo Barrionuevo, debe resolver sobre el recurso de apelación de la prisión preventiva interpuesto por la defensa de Vargas, que ejerce Luciano Romano.
El único detenido está bajo esa situación desde el 14 de junio pasado, y el 27 del mismo mes, los fiscales penales de UGAP, Ana Inés Salinas Odorisio y Gustavo Torres Rubelt, le atribuyeron la presunta comisión del delito de supuesto homicidio calificado por ensañamiento, alevosía y por precio o promesa remuneratoria, en calidad de partícipe secundario.
Según la imputación, la conducta de Vargas “vinculada con el hecho que se investiga, habría consistido en colaborar con los autores materiales del hecho como alertante, a los fines de brindar mayor seguridad a los autores del crimen para la perpetración del hecho”. Mientras tanto, se concretan distintas diligencias vinculadas con la investigación en curso.
Jimena Beatriz Salas fue asesinada el 27 de enero de 2017, en su casa de barrio San Nicolás, del municipio Vaqueros, en el área metropolitana de Salta.
No fue notificado y pedirán anulación
El abogado defensor de Vargas, adelantó a Nuevo Diario que pedirá la anulación de esa testimonial en virtud que no fue notificado.
“Como defensor debía conocer ese hecho, considerando que podría efectuar preguntas, a quien correspondiere, y no como ahora que me enteré por la información que se conoció a través del Ministerio Público Fiscal”, dijo Luciano Romano.
El letrado entiende que de haberse tomado la testimonial que se asegura, complica la situación de su defendido, frente a la causa del violento asesinato de Jimena Salas, él no fue notificado de manera previa, como parte interesada.
“De confirmarse esa situación, tomaremos alguna medida y pediremos la nulidad del testimonio, en base a que no se permitió a la defensa, presenciar la testimonial y hacer las preguntas pertinentes para conocer la verdad de los dichos. Así estamos a ciegas” dijo Romano.
Asimismo, señaló que se encuentra a la espera que el tribunal de impugnaciones, no resolvió la apelación presentada, por la prisión que mantiene a Vargas en la Alcaidía General, resolución que espera se produzca hoy.
