El juez Héctor Martínez hizo lugar a lo solicitado por Pedro Arancibia, representante de Cajal, para que se informe “ajustado a derecho”.
Se ordenó desde el Juzgado de Garantías 5 que “el fiscal y el juez de Garantías podrán informar a la prensa solo respecto del hecho en el decreto de citación a audiencia de imputación, sin efectuar apreciaciones sobre la entidad de la participación o culpabilidad de los intervinientes hasta que el fiscal formule el requerimiento de remisión de la causa a juicio. Durante toda la investigación podrán formular aclaraciones ante la divulgación de informaciones erróneas que no se correspondan con los trámites cumplidos”.
Martínez hizo lugar, al encontrar que la información brindada por el Ministerio Público Fiscal y más precisamente por los fiscales Inés Salinas Odorisio y Gustavo Torres Rubelt en torno al imputado Nicolás Cajal, esposo de la víctima del atroz crimen de Vaqueros, ha excedido una vez más, lo establecido por el art. 263 del Código Procesal Penal de Salta.
El defensor también señaló que se le llamó la atención, bajo apercibimiento de ley, al Procurador General, Abel Cornejo, por ser el responsable tanto de los fiscales penales como de la información que se publica desde la página web: www.fiscalespenalesalta.gob.ar.
Pedro Javier Arancibia dijo “estamos conformes con la decisión del juez Martínez de poner freno al atropello que implica realizar apreciaciones anticipadas de culpabilidad, puesto que son ilegales e inconstitucionales. Manipular la información dando noticias falsas e incompletas confunde a la sociedad, genera expectativas irreales y vulnera el constitucional principio de inocencia de cualquier ciudadano”.
Considera que lo que se informa se transforma en una acusación excesiva lo que en ésta etapa le provoca injusta e ilegalmente a Nicolás Cajal y a cualquier otro imputado, un reproche social y mediático irreversible.
“Lamentablemente, donde las publicaciones falsas y malintencionadas es una práctica sistemática de los últimos seis meses por parte del Ministerio Público Fiscal y que debe ser sancionada judicialmente como sucedió recientemente para poner las cosas en su lugar y que ésta práctica no se transforme en costumbre, ya que daña las instituciones públicas, las garantías constitucionales y los derechos humanos fundamentales” finalizó Arancibia.
Como se recordará Salas fue encontrada, por su pareja Nicolas Cajal, en un charco de sangre en el comedor diario de su casa, sus hijitas mellizas estaban encerradas en un cuarto de la casa, sin ninguna lesión, es decir las resguardaron los delincuentes. Que se supone fueron dos en relación a que se encontraron los perfiles genéticos de dos hombres en distintos lugares de la casa. Salas fue asesinada el 27 de enero de 2017 en su casa del barrio San Nicolás en la localidad de Vaqueros, cuando dos sujetos a través de una táctica de relajamiento, como la de usar un perro para hacerlo pasar por extraviado, ingresaron a su casa con supuesto fines de robo. Sin embargo, esa hipótesis se fue esfumando en el sentido que nada faltaba en la casa estaba todo.
En la causa está detenidos Sergio Vargas, partícipe secundario de un homicidio con la promesa de un pago.