La imputación recayó en él por la posible comisión de los delitos de falsificación de instrumento público y tráfico de influencias agravado en concurso real. La investigación se inició luego de que una vecina del departamento de Anta, quien se encontraba realizando trámites judiciales y en oportunidad de comunicarse telefónicamente con la dependencia habría entablado contacto con el acusado.
Este le habría solicitado y recibido una suma de dinero para hacer valer indebidamente la influencia que tendría por su condición de empleado judicial ante un magistrado, con la finalidad de obtener un acto propio de sus funciones consistente en el dictado de una resolución o fallo en asuntos sometidos a su competencia y habría falsificado un instrumento público.
En la audiencia de imputación el acusado estuvo acompañado de un abogado particular y tras conocer la imputación en su contra se abstuvo de declarar.
