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DESDE 2023

Trabajadores de carrera del Poder Judicial deberán capacitarse en la Ley Micaela

La Corte de Justicia de Salta dispuso que para el ascenso y promoción del personal en carrera judicial será requisito la aprobación de la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres que se dicta en el marco de la Ley Micaela a partir del año entrante.

Será requisito la aprobación de la capacitación obligatoria en la carrera judicial.
Será requisito la aprobación de la capacitación obligatoria en la carrera judicial.

El curso se dicta por la Oficina de Género, en forma conjunta con la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y con la Secretaría de las Mujeres, Género y Diversidad de la Provincia de Salta, en su calidad de autoridad de aplicación.

La capacitación además será requerida a las y los ingresantes al Poder Judicial para ser confirmados en sus cargos. También será requerida en los contratos que se suscriban y que impliquen atención al personal o al público en general. La acordada 13774 tendrá vigencia desde el próximo 1 de enero de 2023.

La ley 27499, más conocida como Ley Micaela, establece que es una obligación legal para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías dentro de los tres poderes del Estado, la capacitación en la temática de género y violencia contra las mujeres.

Salta no brinda información sobre la aplicación de la Ley Micaela

Cabe recordar que en el mes de agosto del presente año, un monitoreo federal realizado por organizaciones feministas muestra que la adhesión a la Ley Micaela es deficitaria y revela la falta de sensibilización de funcionarios públicos en temas de género.

Del territorio nacional, sólo siete provincias completaron algún tipo de capacitación tal como ordena la ley en materia de género para funcionarios y empleados de la justicia. Son Santiago del Estero, Santa Cruz, Mendoza, Formosa, Catamarca, Río Negro y San Luis. Frente a esta situación, las organizaciones de la sociedad civil que elaboraron el Monitoreo recurrieron al pedido de acceso a la información pública (Ley 27.275) para conocer cuál es su estado de aplicación ya que entienden que la impartición de la justicia desde la perspectiva de género es una herramienta fundamental para eliminar la violencia de género en todas sus modalidades. La rendición de cuentas y la transparencia del sistema de justicia se opaca al conocer que sólo siete jurisdicciones (29%) respondieron en tiempo y forma el pedido de información pública: Catamarca, Chaco, Chubut, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Misiones, Santa Cruz y Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur. El 17% no respondió -Jujuy, La Pampa, Salta y San Juan- y el 46% de las provincias lo hicieron de manera incompleta, en incumplimiento a la Ley de acceso a la información pública. La premisa sigue siendo brindar información para que la participación ciudadana sea garante del cumplimiento de los derechos de las mujeres.

 

 

 

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