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LUEGO DE UNA FUERTE DISCUSIÓN

Solicitaron la elevación a juicio por el femicidio de Lorena Vique en Vaqueros

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, Mónica Poma, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 8 del distrito Judicial Centro contra Julio César Calisaya, como autor del delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo.

Lorena Vique.
Lorena Vique.

Este requerimiento se fundamenta por existir una relación de pareja y por mediar violencia de género, femicidio en perjuicio de Lorena Vique.

El grave hecho de sangre se registró el pasado 8 de julio por la noche en una plaza ubicada en las márgenes del río Vaqueros, donde la pareja mantuvo una fuerte discusión, circunstancias en que Calisaya lesionó a su esposa con un arma blanca en distintas partes del cuerpo, lo que derivó en su muerte por shock hipovolémico.

La fiscal Poma, en el extenso requerimiento, expone las distintas medidas probatorias producidas durante la investigación y que constituyen los elementos de cargo contra el acusado, quien fue sorprendido en flagrancia mientras arremetía contra su esposa.

Apremios ilegales

El fiscal penal de Derechos Humanos requirió ante el Juzgado de Garantías 3 la elevación a juicio de la causa seguida contra el sargento de policía Darío Hernán Francia Castedo, por supuesta comisión de los delitos de severidades calificados por el uso de la violencia en concurso ideal con lesiones leves.

Del requerimiento fiscal surgió que el acusado, en horas de la mañana del 7 de junio de 2.017, en calle Belgrano al 300 frente a la comisaría 31 de Rosario de la Frontera, ejercía un acto de servicio y con exceso de sus funciones, habría acometido contra la integridad física del denunciante quien se encontraba en el móvil 1.741.

Al descender del vehículo, el acusado le habría propinado al denunciante un golpe en la espalda y otro en el codo con su cachiporra, que le produjeron lesiones, las que fueron constatadas mediante certificados médicos, observando la oficial de servicio el ingreso a la dependencia del denunciante en llanto quien le informó lo ocurrido.

Por otra parte, el fiscal recordó que la violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad es una práctica estructural de violación de Derechos Humanos por parte de funcionarios públicos, policiales y del servicio penitenciario, cuya tutela de bienes jurídicos le han sido encargada dentro del sistema constitucional y democrático.

 

 

 

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