Jimena Salas fue cruelmente asesinada en su vivienda en el barrio San Nicolás, cuando dos sujetos se presentaron en el domicilio con un perro supuestamente extraviado, con lo cual lograron que la víctima le permitiera ingresar al hall del inmueble, tras lo cual irrumpieron dentro de la casa.
Salas, quien se hallaba con sus dos hijas menores, resistió el ataque e incluso habría lesionado a uno de los intrusos. Esto, sin embargo, habría sido el detonante de una brutal y fatal agresión, pues la joven madre recibió más de 40 cuchilladas al ser atacada.
Un crimen sin motivos
Los asesinos se marcharon, sin que hasta el día de hoy se tenga certeza respecto a los motivos del crimen.
Tampoco existen pistas ni elementos que permitan establecer el robo de bienes o dinero de la vivienda, lo que generó un gran misterio en torno al caso.
Tras el crimen, que generó gran conmoción entre los salteños, el caso no tuvo imputados ni detenidos hasta junio del año pasado, cuando se ordenó la detención de Sergio Vargas y posteriormente la fiscalía avanzó con la imputación penal en contra de Nicolás Cajal, viudo de Jimena.
Vargas, detenido el 14 de junio de 2019, lleva ya siete meses tras las rejas imputado por el delito de homicidio triplemente calificado por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por el precio o promesa remuneratoria, en calidad de partícipe secundario.
Previamente, Vargas había sido acusado como sicario pero esta calificación fue rápidamente reemplazada.
Sus abogados defensores, Luciano Romano y Laura Mejía, presentaron varios planteos y pedidos para lograr la libertad de su cliente, sin embargo y hasta el momento, no tuvieron éxito.
La última presentación, según lo informado por Mejía, fue presentada el 12 de diciembre pasado y se trata de una apelación que pretende sacar de la cárcel a Vargas, quien asegura no tener nada que ver con el asesinato de Salas.
La fiscalía, en tanto, lo señala como "campana" de los asesinos de Jimena.
La defensa de Vargas rechazó la acusación fiscal y adujo que su defendido vendía calzados de manera ambulante y por ello era conocido por los vecinos de Salas, quienes lo apuntaron como un posible sospechoso del crimen. Al margen de esta vinculación, no existen otros elementos de peso en contra del detenido.
La implicancia del viudo
Cajal, en tanto, se encuentra acusado por el delito de encubrimiento agravado del homicidio de su esposa. A diferencia de Vargas se encuentra en libertad, como así también los argumentos que sustentan la acusación en su contra no son del todo firmes.
En este caso, la fiscalía apoya su acusación en el hecho de que Cajal dispuso cremar el cuerpo de Salas 48 horas después de ser entregado por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), situación que el viudo le adjudicó a familiares de Salas.
Asimismo, la fiscalía le achacó a Cajal supuestas contradicciones en sus declaraciones, lo que fue desvirtuado por su abogado defensor, Pedro Arancibia, quien por su parte libró un fuerte cruce mediático con la fiscalía y el procurador general, Abel Cornejo.
Esta situación corrió del eje principal a Jimena Salas, cuyo asesinato paso a segundo plano. Así, de pronto, las peleas entre Cornejo y Arancibia ocuparon el escenario de este caso, lo que generó incluso el llamado de atención por parte del juzgado de Garantías, a cargo de juez Héctor Martínez.
Respecto a lo sucedido el 27 de enero de 2017, en horas del mediodía, aún es un misterio para los salteños que esperan respuestas claras por parte de la Justicia en torno a un caso tan violento como el de Jimena Salas, en el que la violencia sobre la mujer parece teñirse de impunidad.
