En el caso del artículo 5 referido al CIF el texto aprobado establece que será dirigido por un fiscal penal, de acuerdo a la propuesta que hizo el Procurador General de la Provincia, Abel Cornejo que tuvo el aval del gobernador Juan Manuel Urtubey.
“El CIF tiene que ser una organización independiente del fiscal que es el que acusa, porque si se pone a un fiscal a cargo del CIF significa que está trabajando a favor de una de las partes del proceso y eso implica parcialidad que ofende los derechos de la defensa”, dijo el diputado Guillermo Martinelli, en declaraciones a radio Aries.
Enfatizó que el CIF aporta pericias y que las mismas deben servir tanto para la acusación como para la defensa “pero si se direcciona en favor de la acusación la defensa va a tener que buscar pericias privadas y no todos están capacitados económicamente para ello, no me parece adecuado”, dijo Martinelli y planteó que la estructura pericial debería estar a cargo del Juez de Garantías, que es el que supone imparcialidad.
Martinelli cuestionó el procedimiento dispuesto por el Gobernador Urtubey en relación a la renovación de los jueces de la Corte indicando que el mandatario se ajusta derecho pero en orden a la ley que él mismo creó.
Aseguró que “la parcialidad ofrece derechos, en el CIF se hacen pericias y estas tienen que servir tanto para la acusación como para la defensa; pero si se direcciona todo hacia la acusación la defensa no va a tener posibilidades y no todo el mundo está capacitado para contratar un perito de parte”.
En ese contexto propuso que sea un juez quien quede a cargo del organismo, “es quien da garantías e imparcialidad entre los defensores y parte acusadora. Pero si se da toda una estructura en favor de una de las partes no estamos haciendo bien las cosas”.
“Se confunde”
Uno de los abogados del foro local, penalista, Pedro Arancibia, entiende que se está confundiendo a la sociedad en relación a que la falta de resolución de algunos crímenes.
“A mi criterio esta demonización del CIF, es maliciosa. Debe explicarse primero que en realidad es un laboratorio con científicos que trabaja casi siempre a puertas cerradas con la “evidencia” o material que los mismos fiscales y poli-cías solicitan para su análisis, o sea es el último eslabón en la cadena de investigación que se limita a realizar un trabajo científico en laboratorio”, sostiene.
Esto, de acuerdo a lo que señaló Arancibia a Nuevo Diario, de la mano de un planteo de una modificación acorde y respetuosa de normas constitucionales y convencionales , pero todo fundamentado.
También, Arancibia, asegura que es necesaria una reforma estructural en el Ministerio de Seguridad, en la fuerza policial y un trabajo acorde en la prevención del delito.
“Lo que evidentemente pretende el Dr. Abel Cornejo, es buscar una falsa legitimación pública y política para echar mano con arbitrariedad y subyugar o someter las instituciones que están al servicio de la verdad real. Controlarlas en todos sus estamentos para inducir criterios de búsqueda e imponer una determinada ideología verticalmente a los súbditos fiscales y auxiliares”, dijo Arancibia.
Al respecto agrega que “el cuerpo, debería ser, cada día más, un organismo independiente de otro poder estatal, autónomo funcionalmente y autárquico financieramente. Sin embargo, ahora depende jerárquica, funcional y económicamente de la Procuración General del Ministerio Público Fiscal, quien fue designado por el gobernador de la provincia”.
Asegura que ese formato, no haría más que seguir concentrando el poder en el Ministerio Público Fiscal y así se alcanzaría lo que criticaba a los Jueces de Instrucción, que se decía era de manera inquisitorial, monopolizando aún más los instrumentos de investigación y prueba.
“En ese sentido, propongo junto a muchos otros colegas expertos que comparten la opinión, que el CIF debería estar dirigido por expertos/as en investigación, que no necesariamente debe ser sobre hechos ilícitos, sino también sobre otros acontecimientos que afecten el interés público y la legalidad. Inclusive la dirección debería estar conformada por tres expertos/as y no sólo una como propone el proyecto, lo cual le daría mayor transparencia independencia y alternancia, con decisiones deliberadas”, aporta.
También entiende que debe darse un debate donde la acción de los legisladores es importante. “Tenemos el derecho de disentir y de efectuar observaciones fundadas cuando advertimos una ilegalidad o peligro para el estado democrático de derecho. Ahora los legisladores, no deben limitarse, como ocurre habitualmente, a levantar obsecuentemente la mano sin el menor análisis del proyecto de ley que reenvía el Gobernador por elaboración unilateral y conforme antojo del Procurador General”, sostuvo Arancibia.
