La causa, anunciada a los cuatro vientos como un duro golpe, al parecer, va camino a desmoronarse, con lo cual crecen las sospechas de que el Ejecutivo Municipal estaría por detrás de este caso.
En los últimos días, en tanto y para tapar la decisión del juez de Garantías N° 4, Diego Rodríguez Pipino de otorgar dicho beneficio a los acusados, en razón de la escasa carga probatoria, la fiscalía avanzó con un allanamiento en las oficinas de esa área, calle Santa Fe, desde donde se llevaron cientos de legajos que estarían vinculados con la causa. Incluso, el actual secretario de Movilidad Ciudadana, Gilberto Pereyra, sostuvo que la causa avanza con firmeza y hasta dio algunas cifras respecto al botín en cuestión.
Desde las defensas, en tanto, no dudaron en sostener que las pruebas son escasas, como así también la calificación penal de asociación ilícita podría caerse de un momento a otro, ya que en su imputación, la fiscal estrella de la Unidad de Delitos Económicos, Verónica Simesen de Bielke, no habría definido los roles de los acusados.
No obstante, la fiscalía espera obtener más pruebas de la cantidad de cajas de documentación que se llevaron de las distintas oficinas donde los acusados cumplían sus tareas, una medida que, algunas fuentes ligadas a las autoridades municipales, señalaron como tardía, pues muchos papeles podrían haber desaparecido ya, en especial si se tiene en cuenta el vínculo de los acusados con el sector gremial, el cual está en pugna con el Ejecutivo.
De la resolución del juez Rodríguez Pipino, de fecha 16 de junio, se pudo conocer que Marianela Castro, César Martín Ganami, Alejandro Jorge Soria, Carmen Nieves Campos, Gabriela Anahí Dagum, Ariel Ramiro Ruiz, Juan Carlos Conte, José Fernando Vieira y Javier Fernando Martínez pasaron a cumplir la prisión domiciliaria, mientras que Ricardo Martín Nina, quedó detenido con prisión preventiva en la Alcaidía Judicial.
Para la fiscalía, las apreciaciones de las defensas son sólo eso, pues la acusación penal en contra de los empleados imputados se encuentra establecida en roles y funciones dentro de la asociación ilícita, un delito que tiene hasta 10 años de prisión.
Mientras se espera el análisis de la documentación secuestrada, no se descarta que los acusados accedan a prestar declaración, lo cual podría dejar al descubierto otros manejos e implicar a autoridades de mayor jerarquía.
