Se trata de un pedido que se efectuará a los jueces intervinientes para que los automotores, motocicletas, aeronaves, embarcaciones, máquinas y equipos industriales o agrícolas y el dinero en pesos y divisas extranjeras (secuestradas o decomisadas), sean destinados al Ministerio Público Fiscal.
De acuerdo a la normativa vigente le corresponde el 30% del total de lo secuestrado, que debe destinarse a la lucha contra el tráfico ilegal de estupefacientes y gastos que demandan las investigaciones.
Así, el procurador Abel Cornejo y la coordinadora general, Ana Cecilia Carraro, firmaron la Resolución 966, que instruye al fiscal de UFINAR a requerir a los magistrados los bienes y dinero provenientes de secuestros o decomisados, para destinarlos a los fines establecidos en la ley.
Con mayor especificidad para el supuesto de dinero secuestrado, la Ley 7838, modificada por Ley Nº 8.145, prevé que: “El Juez de Garantías, a requerimiento del Ministerio Público Fiscal, destinará el treinta por ciento (30%) del dinero secuestrado a una cuenta de titularidad de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad para solventar gastos vinculados a las investigaciones llevadas a cabo contra los delitos de su competencia”.
Vale recordar que la Ley 7782, modificada por la Ley 8145 establece que las multas, beneficios económicos, bienes decomisados y/o el producto de su venta se destinarán a la lucha contra el tráfico ilegal de estupefacientes, y para solventar gastos vinculados a las investigaciones de los delitos previstos por la Ley Nacional 23737.
Para tal fin, se dispuso la apertura de una cuenta bancaria en moneda nacional y otra en dólares estadounidenses, ambas con titularidad del Ministerio Público de la Provincia de Salta, denominada “UFINAR”.
La Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR) fue creada en 2017, pero nunca dispuso de los fondos o bienes establecidos por el marco jurídico vigente.
