La Comisión Bicameral Especial de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal presidida por el senador salteño Rodolfo Urtubey resolvió esa fecha dentro del organigrama de vigencia para que se inicie en distintas jurisdicciones el sistema acusatorio para el tratamiento e investigación de las causas federales.
Hemos tomado una decisión histórica para el proceso judicial federal", subrayó Urtubey tras aprobarse su propuesta para que el 10 de junio se inicie en el país "el proceso acusatorio" que tendrá como punto de partida "la jurisdicción de Salta y Jujuy".
En un breve encuentro celebrado en el Salón Eva Perón, Urtubey fue ratificado como titular de la Comisión Bicameral secundado por la diputada Gabriela Burgos (Jujuy-Cambiemos), manteniendo así las autoridades que tuvieron el año pasado.
Además, en el encuentro que encabezaron el senador Urtubey y el secretario parlamentario del Senado, Juan Pedro Tunessi, se dispuso que también se ponga en marcha "la aplicación progresiva de la oficina judicial" en las diferentes jurisdicciones.
El 7 de febrero de 2019, mediante Decreto 118/2019, se publicó en el Boletín Oficial el texto ordenado del Código Procesal Penal de la Nación, conforme ley Nº 27.063 sancionada en diciembre de 2014 y ley Nº 27.482 sancionada en diciembre de 2018.
Esta promulgación permite avanzar en la implementación en toda la Justicia Federal del sistema acusatorio adversarial: fiscales encargados de la investigación y la eventual acusación, jueces que resolverán en audiencias orales y públicas. Era un objetivo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y forma parte del plan Justicia 2020 desde su inicio.
El nuevo Código efectuó una profunda reforma de su articulado mediante una amplia cantidad de mejoras normativas y la incorporación de nuevas disposiciones legales. Para destacar, la posibilidad de colaboración entre fiscales federales y provinciales en la investigación de las causas, los criterios objetivos que limitan las discrecionalidades a la hora de redactar las sentencias por parte de los jueces, la incorporación de la ley de flagrancia y de técnicas especiales de investigación.
