Los poderes judiciales de Salta y Santiago del Estero asumen el compromiso de desarrollar políticas conjuntas y acciones de trabajo para combatir los delitos vinculados con el narcomenudeo o microtráfico.
Desfederalización en Salta
Mediante la ley 7782 se traspasó a la justicia provincial la persecución de los casos penales de venta de estupefacientes de menor cuantía.
La ley 7782 entró en vigencia el 1 de enero de 2014.
Mediante esa ley, la Provincia adhirió a las disposiciones del artículo 34 y concordantes de la ley nacional N°23.737, en materia de desfederalización de los delitos de microtráfico. En este contexto vale citar la avanzada en Salta del desbaratamiento de bocas de expendio y la detencion de dealer en la vía pública.
Por otra parte, a través de una iniciativa legislativa de la Corte de Justicia de Salta, se propuso la creación del Observatorio Judicial de Microtráfico, contemplada en la Acordada 12096. El proyecto de ley cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores y pasó en revisión a la de Diputados, por lo que se prevé que en el presente año, tras el inicio del período legislativo a partir del 1 de abril sea sancionada en definitiva.
La ceremonia
El presidente de la Corte de Justicia de Salta, Guillermo Catalano y su par del Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero, Eduardo López Alzogaray, firmaron el convenio que permitirá trabajar en forma conjunta en los casos en los que se comercie, entregue, suministre o facilite estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor, perpetrados en los territorios de ambas provincias.
En ese marco, ambos poderes judiciales desarrollarán un cronograma de acciones y trabajo conjunto, a través de recursos humanos, materiales y logísticos; equipos técnicos e instalaciones y que estarán a disposición de ambos distritos.
Del acto también participaron el vicepresidente primero de la Corte de Justicia, Ernesto Samsón; el vicepresidente segundo, Fabian Vittar; el juez Decano, Guillermo Posadas; la jueza de Corte, Teresa Ovejero y el juez de Personas y Familia 2, Víctor Raúl Soria.
