Como se recordará, el Senado la aprobó el 12 de marzo pasado en la que fijaba una nueva fórmula para calcular el haber inicial del sector, pasivo que hasta ahora era del 82 por ciento del último sueldo y que, desde hoy se hará en base al promedio de las últimas 120 remuneraciones al valor actualizado.
"La presente ley entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial", indica el artículo 20 de la Ley 27.546 promulgada a través del decreto 349/2020.
El nuevo régimen jubilatorio para magistrados y funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Público de la Nación incrementa, además, en forma gradual, a 65 años la edad para acceder, en el caso de los hombres, al beneficio jubilatorio pero mantiene en 60 años la opción para las mujeres.
Para acceder a este régimen, tienen que haber trabajado un mínimo de 10 años seguidos en el Poder Judicial o 15 años en forma interrumpida de los 30 años que deberán haber aportado al sistema jubilatorio.
Tras la sanción de la ley, se registraron decenas de renuncias en el Poder Judicia, informó la agencia oficial.
Por otra parte, la norma también destaca que no podrá haber ninguna jubilación superior a la remuneración total, sujeta a aportes y contribuciones, previa deducción del aporte personal jubilatorio del cargo correspondiente al cese definitivo en el servicio.
Previo al tratamiento, en febrero, varias asociaciones de magistrados de nuestra provincia asistieron a las reuniones que se llevaron adelante en Capital Federal, señalando los motivos por los que se oponían a la ley. Tales eran los hechos que señalaban como la disponibilidad de los jueces y fiscales jubilados, ante la necesidad del sistema, además de la imposibilidad de llevar adelante otra función.
Tras conocerse la publicación en el Boletín Oficial un magistrado señaló a Nuevo Diario: "Lamentablemente ningún espacio político trabajó con seriedad el tema".
