El ILEC a través de una nota que encabezan sus titulares, Manuel Sebastián Occhandio, Lisandro Nahuel Gómez, Pedro Atahualpa Caminos, junto a la firma de su representante legal Nélida Gabriela Gaspar se presentaron ante la justicia por lo que denominan jurídicamente “Incidente Apelación” que interpuso la defensa de Lamas, José Ramón Fernández, pidiendo la inconstitucionalidad de la imprescriptibilidad de los hechos por los que es denunciado el sacerdote.
Señalan en el escrito que responden que el Instituto Laico de Estudios Contemporáneos (ILEC), conforma una amplia red de instituciones análogas en América y Europa, que integran asimismo la Asociación Internacional de Libre Pensamiento (AILP), bajo la misma tarea de rescatar los valores de la tolerancia, la convivencia pacífica, la participación ciudadana, y promover la laicidad y los principios republicanos consolidados conjuntamente con el constitucionalismo.
Así adhieren a lo que presentara oportunamente el representante de los denunciantes de Lamas, Juan Carlos García y Carla Morales, en favor de la imprescriptibilidad de los hechos y la importancia de asistir a un proceso penal, para determinar la verdad material sobre lo ocurrido en el pasado y llegar a una atribución de responsabilidad lo que se traduce, habitualmente, en la imposición de una pena.
“En el presente caso, la búsqueda de una perspectiva más amplia es necesaria para poner en contexto el dato referido a la cantidad de años transcurridos desde el acaecimiento de los hechos investigados. Y por la peculiaridad de ese contexto, pensamos que el aporte de una organización no gubernamental preocupada por la profunda injerencia de las Iglesias en la esfera estatal y que brega por su separación, puede resultar relevante”, de allí que justifica su presentación como "Amicus Curiae".
En cuanto al paso del tiempo entre los hechos y la denuncia sostiene el ILEC, “si las víctimas tienen un derecho, ese derecho comprende indudablemente el deber de los tribunales de valorar todas las circunstancias que pudieron condicionar el ejercicio de la acción penal. Esto podría conducir a la audaz tesis de la imprescriptibilidad”.
Más adelante señala otros casos en los que en situaciones similares se actuó de manera diferente, tal el caso de Entre Rios- que público Nuevo Diario como antecedente cuyo denunciante Pablo Huck llevó a su abusador a juicio y recibió una condena de 17 años-, también de renombre internacional; también el caso de Piazza que inclusive en Capital Federal fue de la mano de una norma legal.
