“Valorar la prueba es lo que da tranquilidad en un juicio, y es en el debate donde se da esa posibilidad por eso es que queremos llegar a juicio”, señaló José Fernández abogado penalista.
En una extensa charla en la que debía participar el sacerdote, pero una descompensación se lo impidió, el abogado se refirió al allanamiento que se efectuó en el arzobispado salteño y Lamas, a través suyo, a su realidad eclesial hoy.
Fernández sostuvo que es muy importante acceder a la información con la que cuenta el arzobispado tras las dos etapas del juicio eclesial a la que fue sometido, tras la denuncia que se efectuara en 2016 en esa sede.
“Tras esa denuncia allí asentada, el padre Emilio debió afrontar un juicio en el que en el año 2018 le costara la suspensión de su estado clerical, y que luego por la Congregación de la Doctrina de la Fe, desde el Vaticano, le fuera devuelto”, dijo.
En el allanamiento se supo se retiraron dos expedientes que por estos días están en manos de la fiscal que entiende en la causa por el transcurso de 10 días y que luego durante 15 días podrá ser consultado por las partes, sea la querella que ejerce el abogado Luis Segovia, en representación de las víctimas, Juan Carlos García y Carla Morales.
Con esa carátula el fiscal Obeid elevó la causa el año pasado donde se detallan las denuncias radicadas por ambas víctimas y adjunta el contenido de sus declaraciones filmadas, donde relatan de forma pormenorizada los abusos de los que fueron víctimas y de los que responsabilizan al ex sacerdote. Así quedaban consignados numerosos testimonios recogidos durante la investigación, y una abundante documentación que se recogió inclusive a través de una inspección que se llevó adelante en El Alfarcito donde se denunció, se habría llevado adelante uno de los abusos.
Sobre el allanamiento al Arzobispado
El allanamiento al Arzobispado de Salta, fue solicitada por parte de la querella que ejerce Luis Segovia en representación de las víctimas, en octubre del año pasado y luego por el fiscal Obeid a principios del año en curso, sin embargo, le fue denegada por el Juzgado de Garantías interviniente, por lo que la causa llegó al Tribunal de Impugnación que por su parte también insistió con el cumplimiento de la medida, a fin de obtener el expediente eclesiástico del proceso que debió afrontar Lamas en el seno de la Iglesia por abuso sexual.
“Ahora con los escritos retirados, se podrá conocer y cotejar esa data, sobre todo ante la posibilidad en la que se entiende habría un testimonio que habría diferido su declaración, de allí que será muy importante lo que surja”, dijo Fernández.
Los abusos, sostienen en las denuncias, habrían ocurrido en 1991/1993, y de acuerdo a lo que asegura el defensor: “En ese tiempo jamás, (91/00) Emilio, habría actuado en contra de los denunciantes”.
Más adelante, consultado sobre el por qué del pedido de prescripción de la acción penal, aseguró “es una acción que corresponde como defensa ya que ante una prescripción resuelta en el causa similiar del padre Aguilera, se efectúa la presentación”.
Más adelante dijo que ahora la palabra la tiene la Corte de Justicia de Salta que debe resolver la situación, donde hay dos resoluciones para hechos similares. “Sin embargo, pensamos que llegar a juicio es lo que dejará la verdad a la luz, entendiendo que valora la prueba, testimoniales, y un tribunal evalúa y da su sentencia”, dijo Fernández.
Situación eclesial
Emilio Lamas, por su descompensación (sufre de presión alta) señaló a Nuevo Diario, a través de su abogado, que está en uso de su estado clerical y que está facultado para oficiar misa dentro del domicilio donde cumple su detención.
“Soy sacerdote y ejerzo esta función, por lo que misa dentro de esta casa puedo celebrar, para quienes están aquí”. Al respecto, también quiso aclarar que no sale del domicilio porque está la policía y no se lo permitirían. “A mí el arzobispado me devolvió el estado clerical luego que me lo habían suspendido, de allí que estoy dentro de lo que me corresponde”.
