En ese momento se inició una causa judicial en el fuero federal a cargo del fiscal Pedro Simón.
Consultado el funcionario dijo a Nuevo Diario, que la causa continúa su trámite de acuerdo a las directivas emanadas por la PROCELAC, Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos.
"Si se está trabajando, y la primera semana de abril, se presentó el diputado junto a sus abogados para certificar su capacidad económica, y es sobre lo que se está trabajando para avanzar en la causa", señaló el fiscal.
Por otra parte, se dio también intervención a otros organismos como la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para establecer las verificaciones. "
"Estas intervenciones corresponden a las directivas emanadas de la PROCELAC para casos de investigaciones tanto de evasión como de lavado de activos, y es de la manera que se va avanzando", aseguró Simón. E
En su descargo el legislador señaló que el dinero estaba destinado a la compra de trigo en un paraje de Santiago del Estero, hacia donde se dirigía, con un empleado. Aseguró que tiene toda la documentación que respalda la cifra de dinero que llevaba y disparó el gendarme que realizó el procedimiento tuvo mala voluntad.
En declaraciones periodísticas Cisneros dijo que tenía capacidad para hacer esas operaciones, ya que al menos 40 camiones por mes son los que envían hacia el exterior, ya que tiene un molino en Profesor Salvador Mazza donde el trigo que se compra se transforma en harina.
El hecho y el secuestro
El pasado miércoles 27 de marzo, el vehículo en el que se trasladaba Cisneros – una Volswagen Amarok, conducida por un hombre identificado como Oscar Tarraga- fue detenido por la fuerza de seguridad, al mando de Gerardo Otero, en un control vehicular sobre la Ruta Provincial 6, a la altura de la localidad de Otumpa.
El legislador de Cambiemos viajaba como acompañante. Y, pese a que el diputado se identificó como tal, los gendarmes procedieron a requisar la camioneta: encontraron debajo del asiento trasero un bolso de color marrón con 50 mil dólares y 2 millones de pesos, cuya procedencia legal en ese momento no pudo ser justificada.
