Si bien ordenó la prisión preventiva del comisario Walter Mamani y de los policías Juan Giménez, Sergio Argañaraz y Julia Díaz, esta última con prisión domiciliaria, el juez criticó duramente la actuación de la fiscalía de Derechos Humanos, a cargo de la fiscal Verónica Simesen de Bielke, a quien apuntó por serias desprolijidades en la investigación.
Incluso, rechazó la imputación realizada por la misma en contra de otro policía, al que situó en la escena de los incidentes denunciados por Iris Waildelich, respecto a su hijo, Luciano Diez, medida que tomó por entender que la fiscalía no valoro numerosas pruebas documentales que claramente daban cuenta de que dicho efectivo no trabajó la noche del hecho, y sólo lo hizo en base a la declaración de Iris Waildelich, la madre de la víctima, cuya declaración el magistrado también criticó por faltar a la verdad, razón por la cual solicitó que la fiscal evalúe imputar a la misma por falso testimonio, como así también de otros tres jóvenes, sobre los cuales, casualmente, la fiscalía construyó la acusación penal.
Waildelich, cabe indicar, sostuvo que el 28 de junio pasado, los policías acusados atentaron contra su hijo, Luciano Diez, al intentar detenerlo en la vía pública, para luego detenerlo en su casa, todo ello como parte de un plan de venganza en su contra. Respecto a ese hecho, el magistrado entendió que existen pruebas suficientes para mantener la imputación penal contra los mismos por los delitos de abuso de armas, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica y vejaciones agravadas.
No obstante, y con abundante jurisprudencia respecto al "debido proceso", Guzmán Salustro resaltó los errores de valoración de la fiscal, a la cual le recordó su función y responsabilidad en el proceso penal.
Indicó que pese a ser claras las contradicciones y falta de verdad de la madre de Diez y de sus tres amigos, la fiscal "empleó elementos que no pueden ser valorados y tenidos en cuenta por adolecer de una evidente contradicción con otros de cargo recopilados por la propia acusadora".
Agregó que la acusadora pesa "la obligación de ajustar sus actos a un criterio objetivo, velando por la correcta aplicación de la ley penal y por la constitución nacional, provincial y los Tratados Internacionales".
Así, y tras repasar algunos conceptos básicos del derecho procesal para la fiscal, el juez dispuso la libertad de unos de los policías acusados.
