El Ministerio Público de la Defensa tuvo a su cargo la representación de esta mujer y logró una sentencia favorable. La pareja estuvo 42 años, con idas y vueltas, donde el hombre, según la denuncia, tuvo trato violento, jamás le permitió trabajar. Hoy la mujer se encuentra enferma de varias dolencias.
La defensora oficial N° 1, Rosa Verónica Orellana, logró sentencia favorable para el caso de una mujer que solicitaba que su esposo le cediera el 50% de sus ingresos en concepto de cuota alimentaria, luego de que él resultara preso por hechos de violencia en su contra. El hombre es beneficiario de una pensión no contributiva, aunque ella lo desconocía.
La pareja en esos 42 años se divorciaron y se volvieron a casar. Tienen 5 hijas en común y, según refirió todo el grupo familiar, el hombre instauró desde siempre “un sistema de terror” y “de constante zozobra”.
Tanto es así que, en el fuero penal, se le sigue una causa caratulada como “supresión/privación ilegítima de la libertad”.
Desequilibrio emocional
Además, en su demanda, la defensora Orellana planteó que, sumado a un importante desequilibrio emocional, la mujer padece bocio multinodular tóxico, hipertiroidismo, osteopenia lumbar, insuficiencia cardíaca diastólica, hipertensión y tendinitis en el brazo derecho.
En sus fundamentos Orella insistió que su representada por su avanzada edad, y las enfermedades que sufre se ve impedida de alcanzar una entrada económica para vivir dignamente, sumado a ello la exposición de vivencias traumáticas de violencia que generaron una afectación seria en su autoestima.
Por su parte, el Tribunal de Juicio valoró, entre otras cuestiones, que “la mujer, por la atención de la familia, se ha visto impedida de forjarse una situación laboral que le hubiera permitido su subsistencia independiente” y que “no pueden dejarse de tomar en cuenta, entonces, las importantes funciones que sin duda ha cumplido la alimentada como esposa y también como madre en la educación y crianza de los hijos del matrimonio”.
Además, consideraron los jueces “la edad de la peticionante que excede en promedio la edad de ingreso al mercado laboral, dificultándose la posibilidad de conseguir un empleo bien remunerado, como así también el delicado estado de salud de la demandante”.