Oscar Guillén planteó su preocupación luego de que transcurrieron 10 meses de la causa, y la posibilidad de que se cierre la investigación y la envíen a juicio, "lo que sería un despropósito institucional", señaló en declaraciones a Radio Nacional Salta.
El letrado detalló que hubo "vicios groserísimos" del fiscal de la causa, y en la articulación de la hipótesis de acusación. En ese sentido explicó que se presentaron una serie de contradicciones, entre ellas que la práctica se realizó mediante medicamentos, cuya ingesta es voluntaria, y que se cumplió "a rajatabla" todo el protocolo del Ministerio de Salud de la Nación. Además, recordó que la denuncia fue realizada por una tía de la paciente -quien fue admitida como querellante- siendo que la mujer que se sometió a la práctica es mayor de edad y está en pleno uso de sus funciones mentales.
"Es una situación penosa lo que ocurrió", dijo Guillén y agregó que se trata de "una imputación selectiva, misógina, en contra de una mujer médica y residente", advirtiendo además que existen reglamentos que sostienen que la responsabilidad de la medida recae sobre los jefes de residentes, situación que no fue tenida en cuenta por parte de la fiscalía, al momento de la imputación.
"Lo que sucede es altamente alarmante para la población" dijo, y por último informó que desde la defensa de Miranda se ofrecieron nuevas pruebas, y para la jornada de mañana convocan a una conferencia de prensa en la ciudad de Tartagal, para dar detalles de la estrategia planteada.
