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NO ATENDIÓ MÁS DE 250 CASOS

Por la denuncia del Defensor General, ordenan detener a la defensora Rosa Díaz

Tras ser suspendida en sus funciones por el Jury de Enjuiciamiento, y ante un pedido de la fiscalía por una nueva acusación penal, el juez de Garantías 1 de Tartagal, Nelso Aramayo, ordenó ayer la detención de la defensora oficial de esa ciudad, Rosa Fabiola Díaz.

García Castiella le atribuyó a Díaz la presunta comisión de mala conducta, mal desempeño y falta de cumplimiento de los deberes a su cargo.
García Castiella le atribuyó a Díaz la presunta comisión de mala conducta, mal desempeño y falta de cumplimiento de los deberes a su cargo.

Lo hizo tras hacer lugar al pedido del fiscal penal 1 del mismo Distrito, Pablo Cabot, por una nueva imputación por la comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en grado de autora, acusación que fue formalizada el 16 de abril pasado.

La nueva acusación surge de las actuaciones iniciadas tras la denuncia hecha por el Defensor General de la Provincia, Pedro García Castiella, ante el Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia, en relación a diversos hechos detectados en el ámbito de la Defensoría Oficial Civil 1, del Distrito Judicial Tartagal.

García Castiella le atribuyó a Díaz la presunta comisión de mala conducta, mal desempeño y falta de cumplimiento de los deberes a su cargo. De allí surgió la reiteración de situaciones penalmente relevantes, cuando se advirtió una cantidad desmedida de trámites pendientes de inicio y, en otros casos, de un sensible abandono e inacción que se tradujo en una ausencia de respuesta a sus asistidos.

Del relevamiento efectuado por la Defensoría General, se obtuvo que entre 2017 y 2020, la Defensoría dejó sin atender más de 250 casos que se encontraban en condiciones de haber sido iniciados.

En su presentación, García Castiella reseñó 150 casos en un listado parcial, ya que el general es de 262, con la descripción de los hechos, su estado y demás información. De los 150 casos de abandono por parte de la defensora Díaz, el fiscal Cabot puntualizó sobre 29, en los que se advierte la inacción en distintas situaciones de gravedad, tales como la falta de respuesta al pedido que una mujer realizó en 2018, para que se inicie un proceso judicial para obtener el cuidado personal unilateral de su hija menor de edad y la supresión del apellido paterno, porque la niña fue víctima de abuso sexual por parte de su padre biológico.

O el caso en el que Díaz ignoró en 2016, el pedido de un integrante de una comunidad originaria que intentó iniciar trámites para la tutela de sus sobrinas huérfanas ante el fallecimiento de su madre, ocurrida en condiciones de extrema pobreza.

Por la inacción de Díaz, el hombre no pudo acceder a una asignación, subsidio o plan nacional para solventar el cuidado de los niños.

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