Este detalle ocasionará que la comisión de Legislación deberá pedir informes al respecto por lo cual se dilataría su tratamiento.
Sobre Orozco hay abiertas 3 causas judiciales distintas, con distintas acusaciones de delitos, pero según trascendió, el pedido de desafuero sería en el marco de una causa donde se investiga al legislador por amenazas por pintadas en Rosario de la Frontera en su contra.
El pedido de desafuero deberá seguir el trámite administrativo correspondiente dentro de la cámara, pero protocolarmente deberán pedir informes a la justicia para determinar si acceden o no al requerimiento.
Cabe destacar, que los legisladores poseen fueros de detención durante su gestión, lo que implica que no pueden ser detenidos salvo autorización del poder legislativo.
A espaldas del diputado también pesan dos causas más donde se lo investiga por los delitos de vejaciones (torturas) y violencia institucional, durante su ejercicio como comisario de la Policía de Salta en el departamento de Rosario de la Frontera.
En el caso de la investigación por vejaciones, el fiscal de Derechos Humanos Gabriel González es quien lleva adelante la causa, por el delito de vejaciones agravadas por el uso de la violencia, por un hecho ocurrido el 3 de febrero de 2015.
Además, González solicitó el pedido de elevación a juicio, sobre el legislador al que acusan de 37 hechos de delito de tortura.
Por otro lado, los fiscales penales Ramiro Ramos Ossorio y Oscar López Ibarra, llevan adelante una investigación contra el legislador y sus ex compañeros policiales Andrés Fernando Suárez, Javier Sebastián Reynoso, Víctor Hugo Orellana, Rubén Darío Medina, Víctor Alejandro Luna, Andrea Alejandra Díaz, Denis Arnaldo Coronel y Dardo Exequiel Pérez.
Por esta causa, la Corte de Justicia de Salta rechazó un pedido de la defensa de los acusados, encabezada por Nicolás Vedia, quien había planteado que había transcurrido el plazo máximo para la celebración del juicio, conforme lo prevé el artículo 219 del Código Procesal Penal, y presentó un recurso de inconstitucionalidad contra una resolución del Tribunal de Impugnaciones, que había rechazado el sobreseimiento de los imputados.
Tras esta resolución, la Corte resolvió que el legislador como el resto de los acusados deben someterse a juicio, que será presidido por el juez Sebastián Guzmán de la localidad de Joaquín. V González.
