El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, requirió ante el Juzgado de Garantías 6 la elevación a juicio de la causa en la que tres efectivos policiales con revista en la subcomisaria de la localidad de La Caldera al momento de los hechos, fueron imputados por un hecho ocurrido en agosto de 2.020.
Florencio Luis Martínez, de 42 años, está acusado de delito de vejaciones calificadas por el uso de la violencia, en calidad de autor; Guillermina del Valle Lozano, de 49 años, está acusada del delito de encubrimiento agravado, en concurso real con el delito de falsedad ideológica, en carácter de autora; Ariel Santa Cruz, de 35 años, está acusado del delito de encubrimiento agravado por favorecimiento real al ser cometido por funcionario público, en concurso real con el delito de falsedad ideológica, en calidad de autor.
El requerimiento indica que en la mañana del 29 de agosto de 2.020, el damnificado salió de la casa de una amiga y se dirigía a un funeral. En su camino por la avenida General Güemes, de la localidad de La Caldera, fue abordado por un móvil policial que se detuvo frente a él. Dos oficiales, un hombre y una mujer, descendieron del vehículo, mientras el conductor permaneció en el interior.
Según declaró el denunciante, primero le tomaron los datos y le pidieron que se retirara, alegando que estaba causando disturbios en la vía pública. Cuando el hombre quiso hablar, lo tomaron de los brazos y lo subieron al asiento trasero del móvil, siendo trasladado a la dependencia policial local. Una vez en el lugar, se hizo presente el sargento Florencio Martínez, quien estaba de servicio y revestía el rango de cabo en aquel entonces.
Martínez acometió contra la integridad física del damnificado, tomándolo del brazo y haciéndole palanca, lo que provocó que cayera al suelo. Después, le colocó la rodilla en el cuello, mientras le sostenía la cabeza, impidiendo su movilidad. Le propinó un golpe de puño en el rostro, en el ojo derecho, y al incorporarlo, le dio una patada en las costillas y brazos.
El informe emitido por el médico legal da cuenta de las lesiones sufridas por el denunciante: “excoriaciones con inflamación en región parietal y excoriación con equimosis en párpado superior de ojo izquierdo”.
En referencia al accionar de la suboficial mayor Guillermina del Valle Lozano, que por entonces revestía el rango de suboficial principal con revista en la subcomisaría La Caldera, el requerimiento sostiene que en su calidad de funcionaria pública, insertó en un instrumento público una declaración falsa, consignando la manifestación de un testigo, con una versión inexacta de los hechos, que sostenía que el damnificado se había autolesionado en el interior de la comisaría.
“Conductas reprochables”
Conforme surge de las declaraciones ante el investigador del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF) y ante la Fiscalía de Derechos Humanos, el testigo expresó claramente que no conocía al damnificado, ni había presenciado el hecho investigado. No obstante, la suboficial mayor Lozano le pidió que firmara el papel. De esta manera, sostiene el requerimiento, la suboficial mayor tergiversó la verdad “respecto a las lesiones sufridas por parte del damnificado, desviando la recta administración de justicia y todo esto con el único fin de proteger el accionar violento y abusivo de su compañero, el sargento Martínez, hacia la víctima, incurriendo en conductas penalmente reprochables”.
