En un juicio impulsado por el Área de Atención Inicial, de la Unidad Fiscal Salta integrada por la fiscal subrogante Paula Gallo, el Tribunal Oral Federal N°1, compuesto por Mario Marcelo Juárez Almaraz, Marta Liliana Snopek y Santiago Federico Díaz, condenó el martes pasado a Jorge Navarro y a su hijo Gustavo por los delitos de organización de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes.
La pena impuesta para Jorge Navarro fue de 13 años de prisión, mientras que para Gustavo Navarro fue de 12 años y 6 meses, también se lo encontró culpable del delito de tenencia de estupefacientes. Ambas condenas son las más altas obtenidas por el Ministerio Público Fiscal desde la implementación del Código Procesal Penal Federal, que el 10 de junio cumplirá cuatro años de vigencia en Salta y Jujuy.
Esta sentencia, sin embargo, se amplía aún más si se tienen en cuenta las penas impuestas al resto de los integrantes de la organización: Alberto Rojas, José Pereyra, Eugenio Belizan y Héctor Villalbas, cuya situación procesal fue resuelta a través de juicios abreviados.
En el caso de Rojas, la pena impuesta fue de 6 años de prisión en calidad de coautor y fue declarado reincidente debido a una sentencia similar dispuesta en su contra por el Tribunal Oral Federal de Rosario N°3, el 16 de agosto de 2019, cuando lo condenaron junto a otros doce implicados -detenidos el 9 de octubre de 2015- por el transporte de 53 kilos de cocaína, descubierto en el ingreso a esa ciudad.
Junto a Rojas, el tribunal rosarino condenó a Walter “Dani” Jure, integrante de la “Banda de los Monos”, como coautores del transporte de la droga, que iba camuflada dentro de globos de piñata.
Además, se destaca la sentencia del comisario Carlos Schmidt, ex jefe del Comando Radioeléctrico como partícipe primario del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia con fines de comercialización, doblemente agravado por haberlo cometido con la concurrencia de tres o más personas en forma organizada y por su condición de funcionario público. En ese orden, el Tribunal le impuso una pena de 6 años de prisión.
También, y en grado de coautor, el TOF N°1 le impuso a Pereyra seis años de prisión y lo declaró reincidente, debido a una pena de 10 años de prisión por infracción a la Ley 23.737, dictada el 19 de junio del 2017, por el Tribunal Federal Oral de Santiago del Estero.
Por la misma calificación, Villalbas recibió una pena de 5 años, en tanto que Belizan fue condenado a 4 años, en calidad de partícipe secundario, a lo que se sumó el decomiso de dos camionetas y una suma de dinero cercana a los 50 mil pesos.
Las penas finales impuestas a la organización criminal liderada por los Navarro, oriundos de la ciudad de Tartagal, ascienden a 46 años y 6 meses, lo que constituye otra marca dentro del sistema acusatorio, condenas obtenidas en debate y mediante salidas alternativas.
Otro de los puntos destacados de esta causa está directamente relacionado con el tiempo en que la fiscal Gallo, a cargo del Área de Atención Inicial, logró abrir el caso, llevarlo a juicio y obtener las condenas de todos los eslabones de la cadena delictiva. Cabe destacar que la etapa de investigación se extendió por siete meses, para luego avanzar con los procesos abreviados y el juicio oral a los Navarro, que demandó otros 12 meses. Esto se pone de relieve aún más si se compara, por ejemplo, con la primera condena de Rojas, resuelta con el sistema mixto después de cuatro años de producido el hecho.
Las penas finales impuestas a la organización criminal liderada por los Navarro, oriundos de la ciudad de Tartagal, ascienden a 46 años y 6 meses, lo que constituye otra marca dentro del sistema acusatorio, condenas obtenidas en debate y mediante salidas alternativas.
Todo se inició con un teléfono
Tanto en la apertura como en el cierre del juicio de responsabilidad, la fiscal resaltó la forma en que, a partir de un teléfono celular secuestrado, se logró identificar y desentrañar los complejos movimientos de la organización criminal liderada por los Navarro.
Al referirse a los hechos, la representante del MPF dio por acreditado el primero de ellos, descubierto el 20 de octubre de 2021, cuando se registró la detención de Villalbas en un control instalado en la ruta provincial 5, a la altura de la localidad de General Pizarro, distante a unos 270 kilómetros de la capital de Salta.
El acusado conducía una camioneta Toyota, de norte a sur. En la requisa física, los gendarmes descubrieron “un brillo inusual” en los bordes del compartimento de herramientas, ubicado en el baúl. Luego, con el control judicial y en presencia de testigos, se retiró el cobertor y se hallaron 79 “ladrillos” de cocaína, con un peso final de 77 kilos con 963 gramos.
En esa oportunidad, el procedimiento parecía destinado a ser resuelto como un hecho de flagrancia, sin embargo, el secuestro de su teléfono celular dentro de la camioneta, cambió todo, pues de la lista de contactos se identificó a un usuario solamente con la letra “G”.
Al analizar el contenido del celular se pudo establecer que el detenido había mantenido comunicación con Jorge Navarro y su hijo, incluso se pudo determinar, por el impacto en las antenas de telefonía, que mantuvo largos encuentros con Gustavo dos días antes de ser detenido en las localidades de Hipólito Yrigoyen y Embarcación, lo que sirvió para identificar el rol de cada uno.
Mientras Villalbas hacía de transportista, Gustavo Navarro iba por delante de la ruta, en calidad de “coche puntero” o “barredor”, cuya función era la de avisar al vehículo cargado con la droga sobre los controles de fuerzas de seguridad, como prueba de ello, la fiscal citó un mensaje enviado por el hijo del jefe al conductor: “lindo primo”, en señal de que la ruta estaba despejada.
Al día siguiente, esta clase de mensajes se repitieron por un tramo, para luego decirle al chofer “tómese una cerveza”, en alusión a un control, en el que finalmente detenido el conductor. En esa jornada, después del procedimiento, Gustavo Navarro realizó 15 llamadas al transportista.
Estos movimientos, según explicó la fiscalía, integrada también por la auxiliar fiscal Vanina Pedrana, se repitieron el 19 de mayo del 2022, cuando se desarticuló a toda la organización, que ya estaba identificada a partir de las tareas de campo e intervenciones telefónicas.
En esa fecha, los Navarro llevaban adelante otro transporte importante de droga, que fue desactivado nuevamente en la ruta 5, esta vez a la altura de la localidad de Luis Burela, al sur de la provincia.
Para este transporte, se repitió el tipo de vehículo utilizado: una camioneta Toyota, en esta ocasión conducida por Pereyra, a quien los Navarro convocaron para tal función en febrero de ese año, fecha en que le habían otorgado la libertad condicional por la pena impuesta en Santiago del Estero.
Rojas, ex convicto por narcotráfico y Belizan fueron contratados como soporte en materia de vigilancia y despeje de la ruta, ellos ejecutaban sus roles a través de mensajes encriptados, los que se cortaron tras la detención de Pereyra en un control instalado para interceptar el transporte.
Al revisar la camioneta, los gendarmes hallaron la droga oculta en el piso de la caja y el sector lateral que da a la cabina, de donde se extrajeron 66 paquetes de cocaína, con un peso de 65 kilos con 774 gramos, lo que motivó la detención de Pereyra.
Inmediatamente se registró la detención de Jorge Navarro y su hijo, en sus respectivas viviendas en la ciudad de Tartagal. En dichos procedimientos, se incautaron otros tres kilos de cocaína en la casa de Gustavo, lo que llevó a la fiscalía a imputarle, en carácter de concurso real, el delito de tenencia de estupefacientes.
Posteriormente, el 26 de julio de 2022, Rojas fue detenido, cuando transitaba por las calles Araoz, entre España y San Martin, en Tartagal, a bordo de una camioneta Toyota. En tanto que Belizan, cayó dos meses después, el 8 de septiembre.
En estos procedimientos, se incautaron otros tres kilos de cocaína en la casa de Gustavo Navarro, lo que llevó a la fiscalía a imputarle, en carácter de concurso real, el delito de tenencia de estupefacientes.
Modus operandi
Al fundar la responsabilidad penal de los acusados, la fiscal resaltó el rol de cada uno de los imputados, como así también la función que tuvo Jorge Navarro como director de ambos hechos de transporte, los que superaron los 143 kilos de cocaína.
La representante del MPF indicó que, en ambos casos, el principal acusado permaneció en su casa, mientras que su hijo llevó adelante el monitoreo de los envíos, a través de encuentros o llamados telefónicos con los transportistas y con los encargados de realizar el barrido de la ruta.
Respecto a este rol de organizadores, la fiscal citó jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación Penal, que sostuvo que “organizar” se trata de armar una “estructura funcional que facilita la comisión de los delitos de los artículos 5 y 6 de la ley 23.737”.
En esa línea, destacó que esto se logra “proveyendo los medios necesarios a ese fin -tráfico, entrega o suministro de estupefacientes-, personas, instrumentos, movilidad y dinero, de modo de obtener un mecanismo más o menos eficiente dirigido al logro de la finalidad propuesta, sin importar el número de personas, ni la determinación o diferencia de funciones, pues basta el mínimo entendimiento y coordinación”.
En tal sentido, la fiscal remarcó que los Navarro crearon “una estructura” que le fue funcional para poder cumplir con ambos hechos, para lo cual asignaron los roles del caso a sus “dirigidos”. Indicó que, de la prueba producida en el debate, se acreditó que padre e hijo “contactaban a los proveedores del estupefaciente y consiguieron los vehículos para ambos transportes”.
Entre los mayores obstáculos enfrentados en materia probatoria, la fiscal Gallo resaltó el “sistemático cambio y descarte de líneas telefónicas” y de celulares. En ese marco, explicó que padre e hijo utilizaron hasta seis líneas distintas, cada una de ellas registradas a nombre de familiares o amigos, siempre con la intención de evitar ser captados.
No obstante, la fiscalía pudo establecer que “la droga se acondicionaba en Campo Durán, distante a 22 km de la localidad fronteriza de Salvador Mazza, donde la droga era adquirida, para luego trasladarla al sur del país”.
La fiscalía indicó que, del total de 146,737 kilos de droga secuestrada, incluida la hallada en la casa de Gustavo Navarro, se pueden extraer 1.112.331 dosis, lo que "representa un grave daño que afecta directamente a toda la sociedad".
Asimismo, y del análisis de impacto de los teléfonos de los acusados en las antenas, como así también de los mensajes y llamadas, la fiscal describió el itinerario usado, el que se sostenía sobre rutas provinciales. “Partían de Campo Duran o de Tartagal hasta el cruce con la ruta 81 y de allí hasta la 53, para llegar a Embarcación, trayecto con el cual evitaban el control de Gendarmería Nacional, ubicado en Senda Hachada, en la ruta nacional 34.
La fiscalía relató que luego continuaban por la ruta 5 hasta Las Lajitas, en el sur de la provincia. Desde esa localidad abordaban la ruta 30 hasta el cruce con la ruta nacional 16, para de esta manera acceder a la localidad de Joaquín V. González. “Este trayecto incluye 130 kilómetros extras, los que se recorrían con el solo objetivo de evadir los controles de gendarmería”, afirmó.
Otros de los aspectos salientes del caso expuesto, giró en torno a la capacidad de adaptación puesta de manifiesto por los Navarro al enterarse que estaban siendo investigados, lo que surgió a partir de alertas que recibieron de parientes que estaban atentos al movimiento de vehículos desconocidos que rondaban la zona, especialmente la cercana a las viviendas de Jorge y Gustavo Navarro.
Al respecto, la fiscal mencionó, entre otros mensajes, uno recibido por el padre, en el que le informaban: “este teléfono igual que vos más pinchado que la m…”. Pese a ello, los acusados no frenaron su accionar, sino que les recomendaron a los otros secuaces que tomaran mayores precauciones. A raíz de esta advertencia, Pereyra descartó su teléfono y, para realizar el transporte, utilizó el de su esposa.
También desde el MPF destacaron que se pudo acreditar el movimiento de dinero realizado por Jorge Navarro, quien, a través de mensajes, indicó a los otros acusados detalles de las transferencias, lo que el imputado completó con una descripción de compra y venta de vehículos realizadas por él y su hijo.
Por último, y en referencia al bien jurídicamente protegido, la fiscalía indicó que, del total de 146,737 kilos de droga secuestrada, incluida la hallada en la casa de Gustavo Navarro, se pueden extraer 1.112.331 dosis, lo que "representa un grave daño que afecta directamente a toda la sociedad".
En función de ello, la fiscal solicitó que todos los acusados fueran declarados penalmente responsables, esto fue admitido por el tribunal, en línea los argumentos esgrimidos por la fiscalía, como ocurrió al momento de establecer las penas finalmente impuestas.
