Recientemente a nivel país se recordó el Día Internacional contra la Falsa Denuncia, dónde miles de hombres y mujeres buscaron visibilizar los vericuetos judiciales por los que tienen que transitar para poder ver a sus hijos.
Eduardo Cáceres, ex diputado nacional por San Juan, e impulsor de la ley Alejo, pretende que en los alcances de la ley Micaela se incluya un apartado sobre las consecuencias de "la falsa denuncia".
Desde el Observatorio de Falsas Denuncias creado en 2021 señalan que el uso de la denuncia de violencia o de abuso infantil contra un ex cónyuge en el contexto de un divorcio o separación conflictiva es un fenómeno que va en aumento. La combinación entre una mirada de género malentendida y el incumplimiento de los plazos y trámites procesales desembocan en el corte del vínculo de padre o madre con los hijos que se extienden por años.
Gastón Vivero, titular de Padres Autoconvocados, contó que hace ocho años que ni él, ni su familia puede relacionarse con su hija que hoy ya tiene 11 años. Fue denunciado por violencia de género por su ex pareja, lo que devino en el impedimento de contacto con su hija. "Cuando estaba por prescribir la denuncia la reactivaron y para que todo termine rápido y poder iniciar el contacto con mi hija fui a juicio abreviado. De las tres causas que me hicieron reconocí una para que todo termine rápido", admitió.
"Realicé una denuncia penal por impedimento de contacto que se encuentra en el juzgado de Garantía de la jueza Ada Zunino, desde hace dos años. Nos citaron tres veces a audiencia y nunca se presentó la otra parte y nunca la intimaron ni tuvieron en cuenta la ley 24270 de Impedimento de Contacto. No le aplicaron ningún tipo de sanción", relató Vivero.
Contó que en la última audiencia que tuvo manifestó que en el Juzgado de Familia 4 hay un expediente en el que consta una pericia psicológica realizada en 2016 a su hija en la que se determinó que fue manipulada por la madre. "Se lo manifestamos al Juzgado de Garantía y de Violencia de Género y quedaron en citar a la otra parte, pero hasta ahora no pasó nada. En el Juzgado de Familia la madre dijo que mi hija no me quiere ver, entonces la citaron y pidieron hacer una pericia psicológica para corroborar, se la cito tres veces y no se presentó", sostuvo Vivero.
Para él, en la Justicia no hay empatía con los damnificados y que "al paso de los años se pierde el vínculo, hay manipulación psicológica de los menores y no se comprueban las falsas denuncias y quedan en los antecedentes en el prontuario.
