Por su poder desplegado -explicaron- condujo a "hacer desaparecer o frustrar pruebas relevantes para llegar a identificar a los responsables" del atentado al ex gobernador de Salta.
En esa línea, pusieron de relieve que el ex magistrado clausuró de manera prematura la investigación, a pocas semanas de haber recibido el sumario policial.
Para remarcar la deficiente actuación judicial de Lona, los fiscales precisaron en la acusación que el entonces juez federal -el único que tenía la provincia en esa época- nunca citó al testigo que en la víspera de los hechos había advertido a Ragone que un comando había partido desde Córdoba en la noche anterior con el objetivo de asesinarlo.
También remarcaron la omisión de Lona de citar a prestar declaración testimonial a las personas del entorno de Ragone y a la testigo Martínez de Leal, y la falta de investigación de las pistas que surgían de las circunstancias que rodearon los hechos.
"Si se estudia la actuación del imputado en los casos denunciados durante el gobierno de la intervención federal de la provincia y durante el gobierno de facto que pasaron por sus manos, se advertirá claramente que su accionar respondía a un patrón común: no investigar los hechos que aparecían cometidos por las fuerzas armadas o de seguridad, en el ámbito de la alegada lucha contra la subversión o situaciones vinculadas", concluyeron.
En 2012 la Corte Suprema ordenó investigarlo. En paralelo la Procuración impulsó la denuncia para que se lo indagara como partícipe del secuestro de Ragone.
El fiscal Horacio Azzolín, al alegar en el juicio por ese crimen, consideró acreditado no sólo que había archivado la causa sin investigar sino que esa había sido su conducta ante la mayoría de las denuncias.
“La tolerancia era en realidad una garantía de impunidad para todos los miembros de las fuerzas de seguridad. Excede el mero favoritismo integrándolo a la cadena de ilícitos y directamente lo pone en la estructura represiva”, explicó.
En 2011, Casación ordenó reabrir esa causa. Dos años después, ante reiterados pedidos de Azzolín, la Cámara salteña le ordenó al juez Miguel Medina indagar a Lona por la masacre. Medina llegó a fijar fecha pero ante un recurso de Lona por “falta de acción” supeditó la indagatoria a la resolución de ese planteo y se apartó de la causa.
