El fiscal Penal de Rosario de la Frontera, López Ibarra, en actuación conjunta con la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Mónica Poma, llevaron adelante una investigación respecto a maniobras fraudulentas que se denunciaron respecto al cobro de planes sociales en nombre de supuestos beneficiarios que nunca percibieron dinero alguno.
La investigación se inició a partir de que Ricardo Moyano, uno de los damnificados, dijo que tomó conocimiento a través del periodista Miguel Padilla que existía registrado a su nombre un plan social, siendo que nunca percibió dichos montos ni beneficio alguno, incluso desconoció las firmas de la documentación.
Al tomar estado público y mediático el caso, el intendente Gustavo Solís procedió a denunciar a su secretario y pidió que se investigue el hecho e informó que desde la Municipalidad se iniciaron las averiguaciones internas para comprobar la veracidad de lo denunciado.
Sin embargo, según el mismo Ministerio Público en octubre del 2018 Moyano radicó denuncias pero no contra Iturbe, sino contra el intendente Gustavo Solís y el secretario de Gobierno Javier Mónico, por supuestas maniobras fraudulentas.
En esa oportunidad se informó oficialmente que López Ibarra citó al denunciante para conocer mayores detalles. En esa oportunidad Moyano mostró los recibos que le entregó Padilla por la suma de $1.800 desde diciembre del 2016 hasta marzo de 2017 y la suma de $2.100 correspondiente a marzo de 2017 hasta octubre del mismo año, incluso un recibo a nombre de otra persona pero firmado a su nombre.
Moyano negó haber recibido ese dinero y haber firmado los recibos. También manifestó que el periodista le entregó además una fotocopia de un documento de identidad a su nombre que no estaba en vigencia.
En su denuncia incluyó al secretario de Gobierno al sentirse perjudicado por un descargo mediático que hizo el funcionario luego de haber hecho público su caso.
Otras denuncias
Se suman las denuncias de otro damnificado y de su hija, quienes relatan situaciones similares a la de Moyano.
Ambos fiscales dispusieron diversas medidas probatorias, entre las que se cuenta el pedido de informes a las distintas áreas involucradas y el análisis de dicha documentación por peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).
De los elementos probatorios recogidos, los fiscales decidieron imputar a Iturre, al acreditar que durante el período 2016-2018, con el fin de procurar para sí un lucro indebido, violó los deberes a su cargo al efectuar maniobras fraudulentas y ardidosas consistentes en presentar copias de documentación personal perteneciente a distintos vecinos de la comuna de Rosario de la Frontera –sin estar autorizado por éstos para tal fin- a los efectos de solicitar se les efectúe pago del beneficio del Programa Salta Solidaria – Salta Trabaja, sin que el dinero librado por tal concepto haya sido destinado a los supuestos beneficiarios ni la contraprestación laboral fuera efectuada, perjudicando de esta manera los intereses que le habían sido confiados y al erario público. Siendo que para lograr ese cometido se llegó incluso a insertar firmas apócrifas en la documentación que acreditaba el pago del beneficio.
Tras conocer los hechos que se le imputan, Iturre decidió no prestar declaración.
