SE SUMAN OTROS SEIS FUNCIONARIOS

Más imputados por la muerte de menores de la etnia Wichí

En un nuevo avance en la investigación, la fiscalía de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal imputó a seis funcionarios más por la muerte de dos hermanos de la etnia wichí, fallecidos en marzo pasado. Así, ahora suman siete los acusados, aunque no se descartan la posible implicancia y responsabilidad de autoridades, tanto provincial como nacional por este caso.

La fiscalía de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal imputó a seis funcionarios más por la muerte de dos hermanos de la etnia wichí
La fiscalía de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal imputó a seis funcionarios más por la muerte de dos hermanos de la etnia wichí

Los nuevos acusados son el agente sanitario Nelson Américo Andrada; los supervisores de zona, Mateo Talimpe y Víctor Rubén Palomo; el encargado de atención primaria de la salud, Gregorio Moreno; el licenciado en nutrición, César Adrián Murillo y el médico Edgar Machicao.

A todos ellos, se les imputó el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, previsto en el artículo 248 del Código Penal, en grado de autores. Las nuevas imputaciones se suman a la de Mercedes Susana Ávila, quien se desempeña como Coordinadora de la Niñez (Formación de desarrollo integral), en Santa Victoria Este,  Rivadavia.

Durante las respectivas audiencias de imputación, Mateo Talimpe, Víctor Rubén Palomo y Nelson Américo Andrada, se abstuvieron de declarar. Moreno, Murillo y Machicao, en tanto, sí lo hicieron.

Al explicar su respectiva conducta, Moreno dijo que la familia cuyos dos hijos fallecieron, estaba calificada como de "Prioridad 3", según las normativas establecidas por el Ministerio de Salud Pública. Dicha normativa, según el acusado, fija que las familias en Prioridad 1, son visitadas una vez cada tres meses; las de Prioridad 2, dos veces en tres meses; y las de Prioridad 3.

Murillo, en tanto, sostuvo que en el Área Operativa 8, hay unas 3 mil familias (unos 13 mil habitantes) de los cuales, unos 2500 son menores de 6 años y que la mayoría de ellos, son de pueblos originarios, con necesidades básicas insatisfechas y en estado de alta vulnerabilidad; que la única ambulancia disponible estuvo abocada al traslado de otro menor y no estaba en el lugar, para llegar al domicilio de Las Vertientes y verificar la situación de la niña; y que solicitó a la policía del lugar que lo trasladara hasta allí, en cuatro oportunidades.

Señaló que desde que se decretó la Emergencia Sanitaria por COVID, en marzo pasado, las comisiones con recursos humanos y movilidad de Nación y Fundaciones, volvieron a sus lugares de origen.

En el decreto de imputación, en tanto, la Fiscalía hizo constar  que "atento a la etapa procesal en la que se encuentra la causa, todo lo expuesto es sin perjuicio de la determinación de responsabilidades que eventualmente pudieren surgir en la estructura jerárquica tanto provincial como nacional".

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