El funcionario se abstuvo de declarar y realizará su declaración por escrito.
Para llegar a tal conclusión, la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio evaluó que Villagran, en su condición de Jefe del Departamento Técnico Científico del CIF con funciones en Seguridad e Higiene, organismo dependiente de la Procuración General, y abusando de sus facultades solicitó al Programa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública de la provincia, la cantidad de 50 vacunas (SPUTNIK-V) contra la COVID-19.
Las distribuyó el 4 de febrero último y según su propio criterio entre el personal del CIF.
Los inoculados no cumplirían con los criterios de prioridad epidemiológicos y de esquema de prioridades diseñado para la aplicación de la vacuna, el cual fue establecido por el Ministerio de Salud Pública Nacional y Provincial y conocido a través de los medios de difusión.
Salinas consideró que el funcionario efectuó un uso arbitrario de las facultades otorgadas, ocasionando un grave perjuicio a la Salud Pública, atento a que dichas vacunas eran destinadas a personas de “primera línea” (emergencia, laboratorio y terapia) y que obró, de esa manera, en forma ilegal al disponer sobre la adjudicación y distribución de dichas vacunas a personas a las que por el orden de prelación establecido, no les correspondía su colocación.
También sostiene la fiscal que Villagrán realizó la gestión de adjudicación de vacunas ante el programa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública de Salta, por sus propios medios y sin poner en conocimiento a sus superiores, -la Directora del CIF y el Procurador General-, sobre la gestión realizada, la adquisición, el destino y la distribución de las vacunas.
Tampoco informó a la Jefa del Servicio Médico del Ministerio Público, quien es la persona idónea para determinar quién es el personal de riesgo para COVID-19 que se encuentra en primera línea prestando Servicios de Salud y por lo tanto, a quién le corresponde la vacuna.
