Mientras la justicia provincial, con el fuerte apoyo del Poder Ejecutivo, se mantiene firme en negar este beneficio a los presos, en el Complejo Penitenciario Federal, en General Güemes, los internos presionan por cumplir sus penas en casa.
Ayer, el Poder Judicial informó sobre el rechazo a un "Hábeas corpus" resuelto por el juez de Garantías 2 de Tartagal, Anastasio Vázquez Sgardelis, quien rechazó la presentación de once internas alojadas en el Cuerpo Policial Femenino.
Las internas denunciaron un presunto maltrato al que eran sometidas por una oficial principal. El 23 y 24 de abril pasado, las detenidas relataron sus quejas ante el juez, oportunidad en que dieron versiones diferentes de lo sucedido y, enseguida, pidieron mantener entrevistas con sus defensores, conocer el estado de sus causas o que se resolvieran sus pedidos de prisión domiciliaria.
Las detenidas ya habían presentado un pedido similar ante la jueza de la Sala I del Tribunal de Juicio de Tartagal con competencia en Ejecución y Detenidos, María Soledad Rodríguez. La situación planteada, dijo el juez Vázquez Sgardelis, no encuadra en el agravamiento ilegítimo de su detención, sino que puede ser resuelta en una instancia administrativa y en caso de no ser resuelta, dirigirse al Juez de Ejecución.
El planteo tiene como fundamento una disconformidad con lo resuelto por la administración penitenciaria, por lo que el juez rechazó el trámite dando intervención al fiscal de Derechos Humanos a los fines pertinentes y con la finalidad de evitar un desgaste jurídico, por lo que el magistrado rechazó de plano el "Hábeas corpus".
Federales
Por su parte, un grupo de presos federales alojados en el Complejo Penitenciario Federal III NOA, pidieron la prisión domiciliaria, y para hacerlo notar anunciaron una huelga de hambre.
Los internos enviaron una nota a las autoridades del penal de General Güemes, en la cual exigieron la prisión domiciliaria para evitar contagios por coronavirus.
En la nota, según lo trascendido, los reclusos argumentaron que no son violentos pero amenazan con endurecer las medidas.
Se trata de más de 30 internos, quienes revelaron que están en huelga de hambre desde hace dos semanas. Reconocieron que están detenidos por tráfico de drogas sin agravantes.
Pidieron agilizar los trámites judiciales para la realización de estudios psicológicos, médicos y socio-ambientales que les permitan gozar del beneficio de prisión domiciliaria.
Asimismo, indicaron que el 99% de los detenidos en dicha unidad penitenciaria son ex trabajadores de frontera que, por alguna razón, se vieron involucrado en el delito de transporte de estupefaciente. Las condenas de los presos peticionantes oscilan entre los 4 a 7 años, y el 60% no tiene condena ni fecha de juicio; la mayoría son de Orán y Tartagal. Por ahora, no se informó sobre otros planteos.
