Bavio valoró la grave afectación de las víctimas por el delito de trata de personas, donde existían entre 15 y 18 víctimas afectadas.
La defensa de los imputados aseguró que sus clientes desconocían de la actividad que se desarrollaba en su casa, por su parte el juez indicó que las pruebas presentadas por la fiscalía exigen que se siga adelante con el caso y dejaron en claro que los dueños no eran ajenos a la explotación sexual, como así también que el mayor porcentaje de las ganancias era percibido por ellos.
El fiscal federal Eduardo Villalba señaló que la detención de J.B., un mozo de 61 años, y su pareja, R.L., de 62, fue producto de un minucioso trabajo que llevó adelante el Ministerio Público Fiscal desde el 30 de octubre y que ya suma en total cinco detenidos.
El pasado 3 de diciembre y ante el mismo juez, Villalba había formalizado la investigación en torno a tres mujeres por el delito de trata de personas. Las acusadas fueron detenidas en el marco de una serie de procedimientos realizados el 29 de noviembre en la zona del Bajo, a 7 minutos del casco céntrico de la ciudad de Salta.
En esa audiencia, asimismo, el fiscal indicó que si bien las tres detenidas incurrieron en el delito de trata, no eran el eslabón final de la cadena, por lo que Villalba adelantó que la fiscalía “irá por estas personas, que son las que están por encima de las acusadas y se llevan la mayor parte del botín”.
De allí que la semana pasada se concretara la detención de B. y L., los dueños del inmueble de calle Astigueta y Damián Torino. Esta es la primera vez que, en materia de trata de personas, en Salta la Justicia Federal logró avanzar hasta los sindicados como principales beneficiarios de la actividad, en este caso a partir de una investigación impulsada por la Unidad Fiscal Federal.
La pareja, imputada fue sindicada como los receptores principales de las ganancias que surgían de la explotación sexual detectada en la vivienda de calle Astigueta, de su propiedad, la cual y pese a los procedimientos, seguía con la misma actividad.
Villalba explicó que otra imputada señaló que debía pagar 100 pesos por día, mientras que las víctimas que fueron rescatadas de la vivienda, señaló que el número giraba entre 15 y 18 mujeres, quienes declararon que eran explotadas por 500 pesos.
