Los tres ex funcionarios de Defensa Civil están acusados por los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y homicidio culposo, tras un cruce entre la defensa, la fiscalía y las querellas, comenzó con la lectura de las acusaciones, tanto del Ministerio Público como de la querella.
El debate comenzó sin la versión de los acusados respecto al incendio que ocurrió en Guachipas que terminó con la muerte de los brigadistas Martín Albarracín (27 años), Víctor Ferreyra (37), Matías Daniel Vilte (22) y Mauricio Valdéz (27), quienes murieron atrapados en un incendio en el cerro El Acheral, el 27 de octubre de 2014.
Tras la lectura de las acusaciones, los defensores Mario Escotorín, por Ola Castro; Pablo Tobío, por Durnelli y Ricardo Poclava, por Dagum, pidieron la palabra y plantearon un pedido de nulidad, el que fue rechazado por la fiscal penal, Mónica Poma y los abogados querellantes: Fernando Teseyra y Marcelo Arancibia por las familias de Valdéz y Vilte, mientras que por Albarracín lo hizo Carlos Humberto Saravia.
La nulidad fue planteada por Tobío, defensor de Durnelli, quien solicitó la nulidad del debate por entender que se violó el principio de congruencia. Indicó que “se debe declarar la nulidad de este proceso” y solicitó que “se ordene remitir las actuaciones para un nuevo proceso”.
Reprochó que el debate sea “tedioso y cansador” por escuchar las acusaciones, en clara referencia a la decisión de extender las lecturas a las acusaciones planteadas por las querellas, situación que para el letrado ya “debería ser conocida por todas las partes”, pues el proceso primero es escrito y luego oral. “En esta última etapa es donde se plantean las cuestiones esenciales”, dijo.
El defensor insistió que por parte de los acusadores, tanto la fiscalía como los querellantes, “no hay congruencia procesal”. Tampoco “hay una definición respecto a cuales son las conductas imputables”, por lo que “los acusados son llevados a juicio con una amplitud de acusaciones”, lo que evidencia una falta de “coherencia e incongruencia de las mismas”.
Recordó que las normas procesales exigen claridad al respecto, y que se debe realizar una acusación principal y otra subsidiaria, sin embargo, de las acusaciones expuestas, surgen dos frentes totalmente distintos, pues una acusación, la de incumplimiento de deberes de funcionario público, se trata de una cuestión dolosa, mientras que la de homicidio culposo, planteada por las querellas, es totalmente distintas.
Tobío se quejó debido a que toda la carga probatoria en el debate gira en torno al delito de incumplimiento, mientras las querellas pretenden valerse de esas pruebas para reclamar otro delito, que dejaría a los acusados en situación de desigualdad y violaría el derecho de defensa en juicio.
“Existen dos acusaciones totalmente distintas con responsabilidades y resultados distintos”, sostuvo a la vez que agregó que “las querellas no tienen certeza de lo que están acusando”, por lo que solicitó que se declare la nulidad del juicio y las actuaciones sean remitidas al juzgado de garantías de origen para un nuevo pronunciamiento al respecto.
Sus colegas, Poclava, por Dagum y Mario Escotorín por Ola Castro, adhirieron al pedido de nulidad. Poclava, asimismo, aumentó la artillería y puso en dudas la legitimidad del querellante, Carlos Saravia, representante de Pedro Albarracín, padre de una de las víctimas.
Poclava reclamó por la decisión del tribunal de otorgarle a Saravia personería de urgencia por no haber acreditado con antelación la documentación como representantes de Albarracín, quien, adujo, tampoco estaba presente en la sala.
