Gastón Casabella y María Dolores Parra, en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, fueron los primeros en dirigirse al tribunal. Los letrados, como ya lo demostraron a lo largo de todo el debate, pusieron especial énfasis en el plan sistemático de aniquilación que imperó tras el golpe de estado de 1976, como así también a los años previos al mismo.
En ese marco, y a medida que citaron determinadas pruebas documentales, entre ellas libros de texto referidos al accionar de la justicia durante la dictadura militar, los querellantes acusaron en duros términos a Lona de ser “cómplice” y un componente clave en el plante de exterminio de determinados ciudadanos, a los que persiguieron por sus pensamientos políticos.
Afirmaron, en base a las pruebas y los aportes brindados por los testigos durante el juicio, que el ex juez federal se identificaba ideológicamente con el proceso de reorganización nacional que los militares intentaron llevar adelante a fuerza de torturas, persecuciones y la desaparición de personas que consideraban enemigos políticos.
Con respecto al caso Ragone, sostuvieron que Lona entorpeció la investigación de la causa, principalmente porque asumió una competencia que no le correspondía, pues las pesquisas tras el secuestro del ex gobernador, el asesinato de Santiago Arredes y la tentativa de homicidio de Margarita Martínez Leal tendrían que haber sido asumidas por la justicia provincial.
Para los querellantes, el hecho de que el ex juez apareciera en la escena del hecho, a minutos de ocurridos e inmediatamente comenzara a ordenar medidas, se trató de un acto ya previsto por los perpetradores de los crímenes, quienes a través de la complicidad de Lona buscaron asegurarse la impunidad.
Como sucedió con otros jueces en el resto del país, los abogados afirmaron que Lona estuvo “alineado” con la dictadura de los militares en aquellos años, pues le brindó a los grupos parapoliciales una “cobertura de impunidad” para que pudieran cometer crímenes atroces.
Consideraron una burla la expresión realizada por el mismo Lona, cuando al prestar declaración, aseguró que al enterarse de lo sucedido con Ragone se sintió compungido y afectado emocionalmente por el hecho. Sin embargo, el acusado no hizo nada para dar con los culpables del hecho.
Agregaron que el grado de inacción demostrado por Lona no sólo quedó en evidencia en la causa Ragone, sino también en las innumerables presentaciones de habeas corpus y recursos de amparos que llegaron a su juzgado, planteos que, como dijeron algunos testigos, entre ellos Cristina Cobos y Marta Sofía Poma, nunca fueron atendidos sino que terminaron en un cajón.
Hicieron referencia a un reciente fallo que confirmó la condena de jueces federales por delitos de lesa humanidad, en especial, al voto del camarista, Mariano Borinsky, uno de los integrantes de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, junto a los vocales Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani.
