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TENÍA PRISIÓN DOMICILIARIA

Liberaron a Prado, ex intendente de Aguaray hasta que se confirme el fallo

La porteña Cámara Federal de Casación Penal revocó la prisión domiciliaria que cumplía el ex intendente de Aguaray, Jorge Enrique Prado. Lo hizo ayer en una audiencia oral de la que no se dio un fallo escrito. Estaba condenado a 6 años y 6 meses por el robo de los caños del Gasoducto NEA.

La Justicia determinó que Jorge Enrique Prado permanezca en libertad hasta la confirmación de la sentencia.
La Justicia determinó que Jorge Enrique Prado permanezca en libertad hasta la confirmación de la sentencia.

La Cámara Federal de Casación Penal Sala IV que revocó la prisión domiciliaria de Jorge Enrique Prado está integrada por los jueces Mariano Borinsky, Ángela Ledesma y Carlos Mahiques.

Prado estaba condenado a 6 años y 6 meses de prisión domiciliaria por el robo de los caños del Gasoducto NEA, y ahora recibió otra buena noticia de parte de la Justicia. Es que la Cámara Federal de Casación Penal Sala IV hizo lugar al recurso presentado por la defensa del ex intendente de Aguaray y revocó la prisión domiciliaria.

En principio, Prado seguirá en libertad mientras no quede firme la sentencia del Tribunal Oral Federal 2 de Salta. A su vez, se espera que el año próximo se publiquen los fundamentos escritos de la sentencia condenatoria y se sustancie la impugnación ante la Cámara Federal de Casación Penal.

Tras cinco meses de audiencias, el Tribunal Oral Federal N° 2 dio a conocer su veredicto respecto a la responsabilidad penal de las 10 personas llevadas a juicio por los delitos de robo agravado y defraudación a la Administración Pública, en torno al robo de caños del Gasoducto NEA.

Respecto a la calificación penal, el tribunal resolvió imponerles a Prado y a los empresarios Alos y Vera, la figura penal de robo agravado por ser cometido en despoblado y en banda, en su carácter de delito continuado, en calidad de coautores. Por otro, lado descartaron la acusación por defraudación a la Administración Pública, mientras que a Vera le sumaron el delito de falsificación de documentos.

Para los jueces, Prado, Alos y Vera fueron los principales responsables del mayor saqueo de caños de una obra del Estado Nacional, en la cual se había dispuesto una inversión de 2.000 millones de pesos y que tenía como objetivo beneficiar a 1.700.000 habitantes. Ahora, está previsto que el próximo lunes se avance con el juicio de determinación de pena, oportunidad en que la fiscalía planteará las penas para los imputados declarados culpables.

 

 

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