Las víctimas residían en barrio San Carlos, colindante a la finca en donde fueron hallados los cuerpos. Y tanta fue la trascendencia del hecho que el gobernador Urtubey, en ese entonces, sorprendió con una conferencia de prensa el mismo día del hallazgo de las jóvenes muertas, en la que aseguró que se trataba de un doble suicidio.
Este anuncio llamó mucho la atención, pues aún la Justicia no había tomado las primeras medidas investigativas. En febrero de 2014, en tanto, el juez de instrucción Pablo Arancibia, a cargo del caso, dispuso el archivo de la causa por entender que efectivamente las muertes fueron producto de un doble suicidio.
La resolución, como era de esperar, fue apelada por la familia Peñalva, pero el 15 de abril de ese mismo año, la Sala I del Tribunal de Impugnación, a cargo de los jueces Abel Fleming y Adolfo Figueroa, rechazó el planteo y confirmaron el doble suicidio de las jóvenes.
Cuatro años después, en febrero de 2018, tras varias marchas, reclamos y presentación de testigos y otras pruebas, la jueza de Transición Mónica Mukdsi decidió reabrir el caso, con lo cual la familia se mostró entusiasmada con el avance, pues su teoría siempre se basó en que las jóvenes fueron asesinadas y el lugar del hallazgo fue un escenario armado.
Lo que siguió fueron varias medidas de prueba; entre ellas, una reconstrucción del hecho y otras testimoniales.
