Como se sabe, por este crimen se encuentran detenidos cinco personas: Ian Esteban Caro, Ricardo Nahuel Bonifacio y tres menores, uno de ellos es el principal imputado en el caso.
De todos ellos, casualmente, el más complicado es el que se abstuvo de prestar declaración indagatoria, por lo que los investigadores de la División Homicidios de la Policía, se presentaron en el Centro de Atención de Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal, donde se encuentra alojado el menor implicado.
Allí, los investigadores tuvieron contacto con dos adolescentes, al parecer, compañeros del presunto asesino de Palomo, como así también con un guardia, los que aportaron ciertos detalles respecto al caso.
Esta situación, casualmente, fue motivo de un recurso planteado por la defensa del menor, la que cuestionó la obtención de dichas pruebas. Incluso fue más allá y solicitó la nulidad de dichas piezas procesales.
Al respecto, la jueza de Garantías 8, Claudia Puertas, decidió rechazar la exclusión probatoria y el planteo de nulidad que había presentado la defensa.
La defensa había solicitado “la exclusión del legajo fiscal de las constancias probatorias obtenidas de manera ilegítima y en vulneración al ordenamiento legal y garantías constitucionales que le asusten al niño inimputable” y se proceda a su destrucción.
En ese sentido, reiteró que por órdenes de la fiscalía interviniente, personal policial de la División Homicidios se constituyó en lugar de detención de su defendido, donde mantuvieron una serie de entrevistas con personal penitenciario y a dos menores, para que expresen todo lo dialogado con el menor acusado, en relación al crimen de Palomo.
La resolución de la jueza
Al resolver la cuestión, la jueza tuvo en cuenta que, en caso de suprimir los elementos atacados, la investigación penal preparatoria no habría variado su curso, ya que la información allí contenida puede ser conocida a través de los demás elementos que fueron incorporados, por lo que no resulta procedente declarar la nulidad de dichas pruebas.
Sin perjuicio de ello, la jueza sí hizo un llamado de atención a la fiscalía interviniente, pues le recomendó adecuarse a los deberes de objetividad y legalidad, y le hizo saber que no son susceptibles de valoración los informes atacados por la defensa. De esta manera, las constancias probatorias en cuestión quedaron, en cierta manera, neutralizadas.
La inquietud de los investigadores por conocer más detalles respecto al crimen de la docente, según trascendidos, se debería a la sospechas de otros posibles implicados en el brutal asesinato de la docente, quien murió debido a fuertes golpes y varias heridas cortantes en el cuello.
Por este hecho, cabe señalar que a todos los acusados se les imputó el delito de homicidio calificado por alevosía y ensañamiento.
Si bien el caso, prácticamente se encuentra cerrado, los familiares plantearon que se llegue a todos los responsables por la muerte de la docente, denunciada como desaparecida, pero a las horas apareció muerta en la zona del barrio Solís Pizarro.
