La fiscalía revalidó el concurso real de los hechos, al considerarlos independientes, aunque dejaron de lado la acusación de encubrimiento, la que cambiaron por la de partícipe secundario de los homicidios de Ragone y Santiago Arredes, y de la tentativa de homicidio de Margarita Martínez de Leal, las tres víctimas del hecho ocurrido el 11 de marzo de 1976.
La fiscalía lo consideró culpable de “prevaricato” en concurso real con el delito de “omisión de promover la persecución y represión de delincuentes” y como “partícipe secundario” de los delitos de “homicidio agravado por haber sido cometido por ensañamiento y alevosía; y en concurso premeditado de dos o más personas”, como así también por “homicidio en grado de tentativa”.
Previamente, las querellas, tanto en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, como del espacio Encuentro, Memoria, Justicia y Verdad y de la familia Ragone, había sido más dura en sus alegatos, pues dos de ellas solicitaron que Lona sea condenado a prisión perpetua.
Los alegatos, que continuarán el 24 de septiembre con los abogados Federico Rodríguez Spuch y Nicolás Ortíz, defensores de Lona, se abrieron poco antes de las 9, oportunidad en que los abogados querellantes acordaron tomar el primer turno, extendiéndose hasta cerca del mediodía.
Piden que Lona esté presente
Cuando se esperaba el turno del fiscal, Carlos Amad, éste solicitó al tribunal la comparecencia del acusado, quien como se dijo, había pedido autorización en razón de un problema de salud, la que fue extendida hasta el 24 de septiembre, sin embargo, la fiscalía se puso firme y solicitó alegar ante el imputado.
Al respecto, sus abogados, ante la petición de la fiscalía, explicaron que su cliente padece una enfermedad terminal, como así también informaron que desde hace unos días experimenta un cuadro bronco aspiratorio. No obstante, se hizo presente.
Esto llevó a un cuarto intermedio hasta las 15, oportunidad en que el debate se reanudó. Con su impronta característica, el fiscal no se privó de adicionar a sus argumentos legales, anécdotas, recordatorios y otras expresiones, un tanto irónicas y campechanas, las que, obviamente, matizaron el debate.
Sin embargo, no perdió la seriedad del caso y fue contundente al momento de apuntar culpas contra el ex juez y resaltar el dolor de los familiares y los que conocieron a las víctimas. “Miren lo que es el destino, esta sala se llama Miguel Ragone. Lamentablemente hemos perdido un estadista, como lo dicen propios y extraños, incluso el testigo (Juan Carlos) Villamayor sostuvo que Ragone ganaba por masacre. Un hombre, una institución caminante, un médico, que jamás dejó de serlo aún en la función pública”, afirmó.
Amad evitó reeditar el relato de cómo fue secuestrado Ragone, lo que ya había sido referido por los querellantes, por lo que centró su alegato en determinados aspectos que hacen a la función de la justicia. “Ser jueces debería ser un honor, como así también cualquier otro operador del sistema de justicia, pues tenemos una responsabilidad de hacer justicia. Estamos aquí para cuidar a las personas, al desvalido y en ello, debemos ser decentes”, explicó, aunque dudó de que dicho término sea conocido por Lona.
“Porque este señor que está sentado era un juez constitucional, con todas las de la ley, fue designado y juró ante la Constitución Argentina”, indicó a la vez que le recordó al acusado los deberes contenido en el preámbulo constitucional, entre ellos, el de promover el bienestar y el de afianzar la justician, los que se convirtieron en “letra muerta” para el imputado.
"Podría haber sido resuelto"
Tras dejar en evidencias que la investigación dirigida por Lona fue una puesta en escena, Amad aseguró que pese a la época en que sucedió, el caso “podría haber sido resuelto. Si hubiesen querido, lo habrían resuelto, si se hacían las cosas que se deberían haber hecho, se habría podido agarrar a los autores materiales, intelectuales y encubridores”.
Pero, enseguida, argumentó que esto no sucedió porque “no se hicieron las cosas como es debido, porque este fue un golpe cívico-militar. Desde 1974, en una provincia intervenida, los represores hicieron escuela, después bajaron a Tucumán e hicieron desastre. Todo esto con jueces, como Lona, que fueron testigos del horror, que les decían a los asesinos vayan, maten y desaparezcan que en mi juzgado no pasa nada”.
“Ahora hay que hacerse cargo. Desde las fiscalías federales, se minaban las causas, desde los juzgados, desde las cámaras. En esta causa, los operadores del sistema se olvidaron que prestamos un servicio de justicia, que no es para los amigos. Nosotros somos empleados de todos ellos y tenemos que rendir cuentas a nuestro amo, que es el pueblo”, agregó.
