Los imputados juzgados son Diego Nicolás Barreto, por asociación ilícita, exacciones ilegales agravadas (30 hechos) y exacciones ilegales simples (8 hechos) en concurso real, como jefe organizador; Esteban del Corazón Jesús Clemente, por asociación ilícita, exacciones ilegales agravadas (20 hechos) y exacciones ilegales simples (3 hechos), como integrante de la asociación y partícipe necesario en concurso real; Víctor Rodrigo Diez Tizón, por asociación ilícita; Marcela Cinthia Martínez, por asociación ilícita, exacciones ilegales agravadas (4 hechos) y exacciones ilegales simples (3 hechos), como integrante de la asociación y partícipe necesaria en concurso real; Nelson Horacio Salazar, por asociación ilícita, exacciones ilegales agravadas (7 hechos) y exacciones ilegales simples (1 hecho), como integrante de la asociación y partícipe necesario en concurso real; Roberto Martín Nellessen por asociación ilícita, exacciones ilegales agravadas (1 hecho), como integrante de la asociación y partícipe necesario, en concurso real.
En el Tribunal Electoral, está previsto se extienda hasta el 27 de noviembre. Los magistrados son Ángel Amadeo Longarte, María Victoria Montoya y Bernardo Ruiz.
Tras lectura de la requisitoria de elevación a juicio se dio la posibilidad a los imputados para que hablaran, pero todos se abstuvieron.
Al tiempo de las testimoniales tres testigos contaron ante los jueces de la Sala IV la metodología que supuestamente llevaban adelante para la adjudicación irregular de terrenos a cambio de dinero o asistencia.
La causa se inició el 5 de febrero de 2016, a raíz de numerosas denuncias por manejos irregulares en la entrega de terrenos que se hacía a través de la Secretaría de Tierra y Hábitat de la Provincia.
Por el Ministerio Público Fiscal interviene la fiscal penal de Delitos Económicos Complejos, Mónica Poma. La defensa de los imputados está a cargo de Arnaldo Damián Estrada y Víctor Mario Quinteros (Barreto); Roberto Reyes y Marcelo Arancibia (Clemente); Horacio Aguilar y Hernán Cúneo (Tizón); Roberto Reyes (Martínez); Félix Torres (Salazar); Carlos Saravia y Álvaro Moreno Valdez (Nellessen).
Mientras se realizaba la audiencia en el exterior se agruparon manifestantes de la CCC, Corriente Clasista y Combativa de ATE, reclamaban por la inocencia de algunos de los imputados.
“Modus operandi”
La fiscal Poma señaló que las pruebas reunidas permiten sostener que los acusados conformaron una organización delictiva, la cual estaba dirigida a la “concreción de hechos ilícitos en perjuicio de la administración pública, bajo la dirección de uno de ellos”.
“La jefatura de esa asociación ilícita” era ejercida por el imputado Barreto, lo cual era manifiestamente evidenciado por los “punteros”, quien al hacer los contactos con los damnificados, afirmaban “la participación directa de Barreto”, por entonces Subsecretario de Tierra y Hábitat, en la maniobra.
El resto de los imputados, en tanto, cumplía la función de integrantes o partícipes de la asociación ilícita, delito por el cual el Código Penal establece una pena de hasta diez años de prisión, pues se trata de uno de los actos de corrupción más grave, sobre todo si se cometen dentro del ámbito de la función pública.
Poma expresó en su requerimiento que las pruebas reunidas corroboran “la hipótesis inicial de esta Unidad de la existencia de una operatoria reiterada y coordinada por parte de los imputados destinada a la obtención de crédito económico y apoyo político a cambio de la promesa de adjudicación de un inmueble social por parte de la Subsecretaría de Tierra y Hábitat de la Provincia”.
