El fallo fue por unanimidad, con los votos del presidente Horacio Rosatti, y de los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.
Con la decisión del Alto Tribunal, quedó avalado el juicio oral en el que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que se dedicó a beneficiar con obras públicas al empresario Lázaro Báez con contratos a favor de la empresa Austral Construcciones. Durante la investigación del caso, la Justicia detectó todo tipo de sobreprecios e irregularidades en la adjudicación de los contratos.
Además de la vicepresidenta y el empresario, están siendo juzgados Julio De Vido y Carlos Kirchner -primo del ex presidente-, entre otros.
El pronunciamiento también resulta oportuno, ya que el juicio está por entrar en su etapa final: el 11 de julio el Tribunal Oral Federal 2 comienza los alegatos en los que las partes piden condenas o absoluciones. Luego será el veredicto que está previsto para antes de fin de año.
Los recursos sobre los que se expidió la Corte Suprema llegaron a ella porque previamente fueron rechazados en las instancias anteriores, tanto en el Tribunal Oral Federal 2 como en la Cámara Federal de Casación Penal.
En el caso se juzgan las presuntas irregularidades en 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner para la provincia de Santa Cruz.
Entre ellas el pago de sobreprecios, compañías que no estaban capacitadas para hacer los trabajos y el pago total cuando no estaban terminadas, entre otras.
Junto con Cristina Kirchner y Báez, están acusados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti y ex funcionarios nacionales y de Santa Cruz del área de vialidad.
Las presentaciones que realizó su abogado Carlos Beraldi en la Corte se apoyaron principalmente en tres argumentos. Uno, que el delito ya fue juzgado en Santa Cruz, donde Báez fue absuelto. El segundo sostiene que en el caso intervino una sala de la Cámara de Casación en lugar de la que debía hacerlo. Y el tercero sostiene que es necesario extender el peritaje y que abarque todas las obras cuestionadas. Otros dos refirieron a que no se hizo lugar a todas las pruebas que la defensa pidió, y a la actuación de un perito oficial en el caso.
