La secretaria de la Comunidad, Diana Situe, fue una de las primeras en convocar a seguir la lucha: tras agradecer a todos los que "estuvieron dando una mano en la carpa en todo momento", a los que "están de alguna u otra forma apoyando esta causa; a los medios de comunicación"; a la Comunidad, que tuvo el valor para decir "basta de atropellos a los pueblos originarios, se plantó y se mantuvo firme en sus convicciones"; y el acompañamiento de las comunidades originarias de todo el país; destacó que el objetivo de la protesta es por la "devolución del territorio ancestral al pueblo guaraní" del departamento San Martín.
El abogado Hernán Mascietti advirtió por su parte que esta lucha "recién comienza". "Por experiencia puedo adivinar que nos esperan horas bastante terribles de lucha, van a seguir las denuncias, van a seguir las influencias, van a seguir las acusaciones, van a seguir los daños económicos a los integrantes de la Comunidad y nosotros vamos a seguir con los sacrificios", señaló.
Según detalló el abogado, en 1971 "la sociedad anónima constituida por Betina García Puló (esposa del francés Bourlón de Rouvre) compra la finca Tres Pozos (La Loma Azul), pero nunca toma la posesión de ella, ya que está habitada y ocupada por las comunidades originarias". Sin embargo, "tiene la sociedad emprendimientos de extracción de madera y libra permisos a quienes puedan entrar armados a la posesión indígena", y para 1990 el poco monte que quedaba en La Loma Azul es explotado por la sociedad o por criollos.
En 2010 las nueve comunidades habitantes en el lugar, Happo P+au, Cristo Abajo, Eva Perón, Lapacho Blanco, Yande TBT, Misión Franciscana, Cherentarareta, Gallardo y Matadero, pidieron a la Nación que realice el relevamiento territorial conforme la ley 26160 de emergencia de la propiedad comunitaria indígena. El trabajo termina en 2015 y detecta "más de ochenta cercos guaraníes".
El conflicto con Bourlon se desató en octubre de 2016, cuando el finquero puso un portón con candado en la confluencia de los caminos de uso comunitario. Los indígenas lo sacaron y se apostaron en defensa del territorio. Tras una serie de denuncias cruzadas, y luego que Bourlon recibiera el apoyo de la Sociedad Rural, de legisladores y el Gobierno de Salta, algunas comunidades decidieron ceder, pero Happo P+au mantuvo el conflicto. Luego hubo otra vez denuncias penales cruzadas, y la Justicia atendió las de Bourlón y encarceló al comunero Arias.
