De acuerdo a algunos trascendidos que llegaron a la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiales Salta, el cura, que está con prisión domiciliaria, estaría celebrando misas, de forma esporádica, esto en base a la devolución del estado clerical que le otorgara el Arzobispado, quien previamente se lo había retirado.
Luego ingresó a la Corte de Justicia un recurso de la defensa de Lamas, que ejerce José Fernández, solicitando que se dé por prescripta la acción penal, en virtud que pasaron más de 20 años de los hechos denunciados.
En ese mismo marco, pero planteando la imprescriptibilidad, se presentaron una serie de instituciones bajo la figura de amicus curae, apoyando lo elevado por la querella de Juan Carlos García y Carla Morales, los dos denunciantes en contra de Lamas, por abusos a los que fueron sometidos, según relataron ante la fiscalía, oportunamente.
Ahora se espera las definiciones de la Corte que debían realizarse antes de la feria judicial, del mes de julio, según lo habían adelantado a las partes interesadas.
Por otra parte, Juan Carlos señaló que la Red está conteniendo psicológicamente a un hombre mayor de edad, que es policía, que está casado y tiene hijos, y mira como se desarrollan los hechos ante la justicia, porque asegura no quiere quedar expuesto, sino todo esto se sigue tapando.
“Conversé con él, está pasando malos momentos, se quiebra cada vez que conversamos, él no quiere que su familia quede expuesta. Pero psicológicamente está muy mal, y lo entiendo. Quiere ver cómo trata mi causa la justicia, y de allí se animará, y desde la Red pedimos que se resuelva, el amicos curae, la demanda de prescripción o no”.
También están esperando el antecedente que quedó en el Juzgado de Menores de Silvia Bustos Ralle, en el año 1991, cuando Juan Carlos García, por esos años menor de edad, denunciaba los abusos sexuales, a los que fue sometido, y tampoco se hizo nada, de allí que necesitan que esos dichos sean agregados a la causa actual.
Finalmente, García sostuvo que para que todo esto se active y no siga sin movimiento, se dé lugar a que el arzobispo de Salta declare sobre estos hechos y sobre los informes a los que no se pudieron acceder aún, referidos a los juicios eclesiales que se realizaron y se realizan dentro de la Institución.