Está previsto su inicio en el Salón de los Grandes Juicios a partir de las 8.30 oportunidad en la que se dará lectura a la requisitoria de elevación a juicio.
Como se recordará, en la imputación, las fiscales penales Gabriela Romero Nayar y Mónica Poma, señalaron que, tras el análisis de un gran volumen de documentación, tanto de la misma subsecretaría de Defensa Civil, como del Ministerio de Seguridad y de otros organismos estatales, y de las numerosas testimoniales, se pudo establecer que Víctor Ola Castro, Roberto Durnelli y César Dagún incurrieron en el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.
En el eje central de la acusación penal, las fiscales señalaron que dos de las víctimas, Valdez y Vilte, pese a la capacitación que recibieron para combatir incendios forestales, los mismos “aparecen vinculados a la administración mediante contratos de locación de servicios para el Programa de Rescate de Espacios Públicos, también suscriptos por Ola Castro”.
En ese punto se pudo conocer que una de las defensas la que ejerce Pablo Tobío, hará foco en la situación laboral de los brigadistas. Así respondió el defensor de Durnelli ante las expectativas que le abre el inicio de este juicio. “Mi expectativa ante este inicio, me lleva a entender que se trata de un juicio de alto contenido político”.
De esta forma definía el abogado Tobío las audiencias que se extenderán hasta el 31, fundamentando sus dichos, en que la causa en su momento fue cerrada, porque así lo entendió el fiscal que la investigó Portal, de la jurisdicción de Cerrillos.
“El fiscal vio que no existía delito alguno, sin embargo, algunos abogados, como Carlos Saravia (querella), comenzaron a mover las aguas por el lado político y a partir de allí, se llegó a plantear la posibilidad de un jury a Portal”, dijo.
Al respecto, el defensor sostuvo que la discusión se debería centrar en la conducta del gobierno, aclarando “la conducta basada en contratar gente en negro y no darles cobertura y después bajar línea de responsabilidad política en gente que son simples funcionarios”.
Finalmente, el defensor dijo que durante las audiencias apuntará sobre las responsabilidades del propio gobernador Juan Manuel Urtubey y de quien considera firmaba los contratos laborales y hoy ocupa un juzgado civil, ya que anteriormente era funcionario del Estado Provincial.
Los familiares de los brigadistas marcharon en muchas oportunidades en calles céntricas y la propia Ciudad Judicial buscando la causa llegue a juicio. Meses atrás el procurador Abel Cornejo los recibió, allí expusieron sus expectativas para que se pueda cambiar la carátula a homicidio simple.
