El debate se reanudará el próximo jueves, a las 8.30, con la exposición de la fiscalía. El proceso gira en torno a 16 causas por crímenes perpetrados en esa provincia a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, entre los cuales se encuentran también los secuestros masivos ocurridos en la mina "El Aguilar".
Ante la gran cantidad de hechos, acusados y víctimas, el fiscal Zurueta adelantó a los jueces y las partes la decisión de dividir el alegato en cuatro secciones, a través de las cuales se analizará el funcionamiento de la estructura represiva a la fecha de los hechos y cuál fue el rol de cada uno de los acusados a partir de las pruebas reunidas, comunes a todos los imputados.
En segundo lugar, se abordarán cada uno de los hechos padecidos por las 121 víctimas en conjunto con las pruebas de cada caso, lo cual será analizado por las zonas geográficas que se distingue a esa provincia, entre ellas las quebradas, puna, valles y yungas. Posteriormente, se abordará la responsabilidad penal de los acusados, la fuerza en la que prestaban funciones y su relación respecto a las normas jurídicas vigentes al momento de los hechos, para finalmente ingresar al pedido de penas.
Tras esa aclaración, la auxiliar fiscal Marina Cura avanzó con el análisis de la posición jerárquica que ocupaban los acusados dentro del esquema represor y el contexto histórico en que se cometieron los hechos llevados a juicio tras 44 de años de impunidad. En ese marco, recordó a los jueces que la represión ilegal en Jujuy ya fue analizada y reconocida por ese tribunal en los cinco juicios previos por delitos de lesa humanidad. No obstante, indicó que los casos ocurridos fueron el resultado de un plan sistemático dirigido a aniquilar a determinadas personas y a reprimir a parte de la población. Para ello, se utilizaron "prácticas ilegales en centros clandestinos de detención, donde se cometieron graves torturas", e incluso el asesinato de algunos detenidos.
Explicó que todo esto devino, tanto de un progresivo deterioro de las garantías constitucionales, como de un avance de las fuerzas armadas en la denominada "lucha contra la subversión", lo cual sustentó en prueba documental, como los decretos que dispusieron la intervención militar en Tucumán.
Se detalló cómo funcionaba el aparato represivo en mina El Aguilar
Al abordar los hechos, la fiscalía se refirió primero a los casos ocurridos en la zona de quebradas y puna, principalmente en la mina "El Aguilar", ubicada en el departamento de Humahuaca, a unos 4 mil metros de altura sobre el nivel del mar. Estos se encuentran mencionados en la causa denominada "Avelino Bazán" y refieren las detenciones ilegales de 27 personas, la mayoría de ellos trabajadores de la mina, como también de integrantes del Sindicato de Obreros de la Mina Aguilar (SOMA), o bien, sus familiares. Previo a mencionar cada una de esas detenciones, se explicó la disposición física de dos dependencias de la Policía provincial y una de la Gendarmería Nacional que, al momento de los hechos, funcionaban dentro de la mina, donde también había núcleos habitacionales donde residían los trabajadores. Luego, el Ministerio Público se refirió a cómo se produjeron las detenciones -todas en horas de la madrugada- tanto el 24 de marzo de 1976 como en fechas posteriores. Se trató de operativos ejecutados por efectivos de la policía local y gendarmes. Las víctimas fueron alojadas primero en las dependencias de El Molino y Veta Mina, dentro de la empresa minera. Luego, y casi siempre vendados, esposados o maniatados con alambre, las víctimas eran trasladadas a la delegación de la Policía Federal o al RIM 20, donde eran interrogados, para finalmente terminar encerrados en los pabellones 1 o 5 del penal de Villa Gorriti. Los detalles de estas detenciones ilegales, golpes y torturas pudieron ser establecidas a partir de testimonios de la mayoría de ellos, como también de sus familiares, pues en algunos casos las víctimas fallecieron. En todos los casos, las personas detenidas no fueron informadas del motivo de su arresto y no se los notificó de alguna orden judicial al respecto. Tras ser identificados, eran golpeados, amenazados y cargados a los distintos móviles. Para reflejar la violencia de este accionar, la fiscalía relató que, en uno de los casos, los efectivos irrumpieron en su casa y lo golpearon brutalmente frente a su mujer, embarazada de 8 meses, y de una hija menor, quienes rogaban para que no le hagan más daño. Los secuestros se dieron en el marco de operativos ejecutados por efectivos de la policía local y gendarmes.
