José Rodríguez, José Marti, Yonathan Díaz y Paulo Humano, todos de la Seguridad Urbana de Rosario de la Frontera van a juicio por un hecho ocurrido el 20 de junio de 2019, cerca de las 2, cuando la víctima se disponía a entrar en su domicilio. Allí, fue interceptado por policías que llegaron en dos camionetas.
Los efectivos lo agarraron por la espalda y lo empujaron contra la pared, donde golpeó la cabeza. Luego, lo llevaron detrás de la cabina de uno de los móviles, lo tiraron al suelo, lo pisaron y le dieron golpes de puño, que le produjeron lesiones en el cuerpo y la cara, que posteriormente fueron constatadas por certificado médico.
Más tarde, cuando se hallaban en el hospital para la revisión del médico legal, el padre de la víctima observó a su hijo golpeado y comenzó a filmarlo, por lo que los policías llevaron al joven a un pasillo y nuevamente lo golpearon.
Tras la revisión, cuando lo llevaban a la camioneta, volvieron a golpearlo.”Como sos de pu.., tiene que andar defendiéndote tu papito”.
Para la fiscalía, se advirtió que si bien podría haber recaído una sospecha de comisión de un hecho ilícito o no en la víctima, los efectivos policiales claramente excedieron los límites impuestos por la Ley N° 7742, que autoriza a las fuerzas policiales a “hacer uso de la fuerza pública cuando fuere necesario”, ya que las lesiones constatadas en la integridad física del denunciante permitieron sostener un claro abuso en el uso racional de la fuerza y una afectación concreta en el derecho de la víctima.
Responsabilidad
Surgió, así, la atribución de responsabilidad de los acusados, todos ellos con revista en la Seguridad Urbana, en calidad de coautores, pues mientras algunos de ellos fueron los que propinaron los golpes que causaron las lesiones, el resto se encontraba en la misma posición de garantes, por lo que pudieron evitar los hechos y no desplegaron ninguna acción en tal sentido.