El fiscal, previamente, había declarado la incompetencia material y territorial de la fiscalía en la causa, la cual tiene a cuatro imputados detenidos y 279 caños secuestrados por el robo millonario de la antena.
La misma, de alta tensión y de 40 metros de altura, formaba parte del acuerdo binacional de interconexión eléctrica entre Argentina y Bolivia. Razón por la cual, Cazón sostuvo que la causa debería pasar al fuero federal.
Esta posición fue secundada por el juez Mariscal Astigueta, quien resolvió declarar la incompetencia provincial, por lo que ahora el caso será girado a la Justicia Federal, la que deberá resolver si acepta asumir el caso o no.
El caso
La intervención de la fiscalía provincial, según lo informado, se produjo a partir de las actuaciones de la Brigada de Investigaciones de Tartagal y Salvador Mazza, luego de que el administrador del predio denunció, el 23 de febrero pasado, a un grupo de personas desconocidas, las que voltearon la torre de cableado de alta tensión ubicada frente a la comunidad Tres Quebradas de Aguaray. También indicó que el costo de la antena robada y destruida es de 30 mil dólares, mientras que el costo total del daño sufrido asciende a 4 millones de pesos.
De las tareas investigativas, se pudo recuperar los caños de la antena en una ladrillera ubicada en el paraje Virgen de la Peña. En total, 279 caños fueron secuestrados con hierros color gris galvanizados, con código alfanumérico y logo de la empresa.
Teniendo en cuenta las denuncias, testimonios, informes policiales, imágenes fotográficas, inspecciones oculares y elementos secuestrados, el juez Mariscal Astigueta entendió que los elementos fueron suficientes para imputar provisionalmente a cuatro personas.
A las mismas se les imputó el delito de robo calificado en grado de coautores, y por ahora permanecen detenidos.
