Las actuaciones se concretaron a partir de la denuncia realizada por Sergio Figueroa, un empleado de la empresa Vertúa, en los primeros días de febrero pasado.
De acuerdo a lo averiguado por este medio, Figueroa recibió un llamado a través del cual fue alertado respecto a que los caños que estaban destinados a la construcción del Gasoducto Nea, en la localidad de Aguaray, habrían sido sustraídos y trasladados al sur de la provincia.
Figueroa, quien tenía registro de los números de serie de los caños, se dirigió a las instalaciones de la empresa Vertúa, en donde efectivamente comprobó que los caños estaban siendo cargados en camiones para su traslado, por lo que tomó inmediata intervención.
Tras cotejar y verificar que se trataba de los caños de la empresa, Figueroa alertó a los gendarmes del puesto de Aguaray, los que a su vez hicieron la consulta judicial a la fiscalía.
El fiscal federal, José Luis Bruno, solicitó el secuestro de los caños, los que Figueroa intentó descargar, pero al averiguar el costo para ello, valuado en una suma de 200 mil pesos, desistió.
La empresa transportista, en tanto, realizó la descarga de los caños y se marcharon, pues necesitaba cubrir otras tareas.
Figueroa, por su parte, ratificó su denuncia en la sede de la fiscalía de Orán, en la que aportó otros detalles que ahora son investigados por parte de la fiscalía.
El intendente y el convenio por los caños
A los días de iniciada las actuaciones, el intendente de esa localidad, Enrique Prado, realizó una presentación en la fiscalía respecto a la disposición de los caños. En su escrito, el jefe comunal se refirió al convenio realizado, incluso mediante ordenanza, con la empresa OSYP SA, de la provincia de Mendoza.
Se trata de una firma dedicada a servicios ambientales, la cual había sido autorizada por el jefe comunal para retirar los caños de Aguaray.
En su presentación, el intendente explicó y presentó detalles de ese convenio, como así también los supuestos beneficios que el mismo traería a la comunidad, cuyos destinos dirige.
Ayer, en tanto, se presentó Diego Andrés Alos, en calidad de propietario de la empresa OSYP SA, quien también dejó un escrito, cuyo contenido coincidiría con la presentación del intendente.
Las actuaciones, hasta el momento, no dejaron dudas de que los caños en cuestión, los que cubren una distancia de 35 kilómetros y estaban destinados al gasoducto Nea, son de propiedad del Estado Nacional, razón por la cual la fiscalía federal inició las actuaciones preliminares del caso.
Por otra parte, ayer se conoció otra novedad en torno a este caso, la que podría cambiar el escenario de las actuaciones.
Resulta que la Fiscalía Federal de Tartagal, también por una denuncia, ya habría iniciado actuaciones por el robo de los mismos caños, por lo que no se descarta que la investigación, que seguirá bajo la órbita federal, se traslade a Tartagal.
En tanto se dirime esta cuestión de competencia, el fiscal Bruno ordenó una serie de medidas investigativas, las que fueron confiadas a Gendarmería Nacional, sección Aguaray.
Los investigadores trabajan ahora en busca de establecer los entretelones del caso, localizar todos los caños que estaban en Aguaray, como así también sumar todo tipo de indicios y pruebas que permitan determinar si efectivamente existió delito y quién o quiénes serían los responsables.
