Lona tiene prisión domiciliaria por la causa Palomitas, los hechos se llevarían adelante alambrado de por medio.
El traslado lo efectuó el fiscal Carlos Martín Amad, con la declaración de incompetencia efectuada por un juez federal, en cuya documentación se señala que el 29 de agosto pasado compareció ante la Unidad de Derechos Humanos, Eugenia del Valle Barboza, quien dijo que reside hace 54 años en el domicilio ubicado sobre ruta provincial 87, de San Luis, departamento Capital, y que “hay personas que quieren sacarla de allí”, en alusión a “Ricardo Lona, a quien conoce desde hace mucho tiempo”.
Agregó que “en 1999 los terrenos pertenecían a la familia Ortiz y que desde esa época es que Lona y su familia residen allí”.
Amad, fiscal de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, agregó que, de acuerdo a la misma denuncia, “Lona quiere sacar a la denunciante si no se deshace de los animales”, entre otras situaciones tales como “insultar y agredir” a su hija, quien es una mujer trans.
Barboza dejó aclarado que “no es la primera vez que recibe amenazas de esa persona”, que “lo hizo en varias ocasiones y a lo largo de los años, llegándole a decir que le va a destrozar la casa”.
Expuso que hay una acequia entre la casa de ella y la del denunciado y que él siempre va a revisar que no haya animales de propiedad de la mujer; que cruza por el puente de la acequia en su camioneta y la amedrenta; igual que a su hija e hijos, uno de ellos menor de edad.
Agregó que en cada oportunidad que Lona fue a su domicilio, lo hizo acompañado por su esposa.
Finalmente, la denunciante Eugenia del Valle Barboza, dejó constancia de que “desea que Lona no vaya más a su casa a amenazarla, que a veces lo hace en estado de ebriedad y que es cuando más agresivo se pone, que incluso llega a temer por su vida y la de sus hijos”.
La denuncia fue remitida al fiscal penal interino de Rosario de Lerma, Gabriel Portal.
Lona fue condenado el 24 de septiembre pasado, en fallo dividido a 15 años de prisión como partícipe secundario en el delito declarado de Lesa Humanidad por encubrimiento de secuestro y desaparición de Miguel Ragone, de su vecino, Santiago Arredes y la tentativa de homicidio de Margarita Martínez de Leal.
Sin embargo, la pena no se cumple hasta que la condena no quede firme, lo que es de suponer, puede llevar mucho tiempo.
Existe una sentencia en contra del ex juez federal José Antonio Solá Torino, fue encontrado culpable el 4 de abril del año 2016 por cohecho pasivo, ya que de acuerdo a lo que se ventiló en aquellas audiencias había recibió 15 mil pesos para levantar la orden de captura de un condenado por narcotráfico.
Dos años después la Cámara de Casación confirmó la sentencia en 2018, pero hasta que no quede firme no hay cumplimiento. La condena es a seis años de prisión.
