Así se encuentra ahora en las presentaciones ante la Corte de Justicia de Mendoza, para que se haga lugar a los pedidos elevados al Arzobispado de aquella provincia, en relación a un proceso iniciado por la denuncia de su cliente en contra de un sacerdote de Don Bosco.
“Con las apelaciones que lleva adelante la iglesia católica para no entregar documentación necesaria para los abusos eclesiales, lo único que busca es que la Justicia legitime mediante una sentencia su accionar ilegal, contrario a los Derechos Humanos”, dijo el abogado, agregando que “todas las provincias deben estar atentas a estas situaciones que buscan sentar precedente”.
En relación al caso de su cliente conocido como E. dijo al diario Los Andes “lo que le están pidiendo a la Corte provincial es que legitime y avale su posición antijurídica y contraria a los Derechos Humanos. Piden que se les mantenga el privilegio, la prebenda legal, la burbuja jurídica donde hacen lo que se les antoja y reina la impunidad. Esta es nuestra principal denuncia y advertencia”, detalló.
En la Salta la situación no es diferente si se tiene en cuenta que los denunciantes y la propia Justicia en la que llegó a pedir una orden de allanamiento para la sede del Arzobispado para la causa Emilio Lamas, algo que no se logró.
Y esto porque se impide además, contar los expedientes abiertos en la Justicia eclesial en relación a las denuncias que recibieron y tramitan en contra de sacerdotes.
Así porque se amparan en dos artículos del Derecho canónico y en el Concordato suscripto entre la Santa Sede y el Estado argentino.
Como dato cabe conocer que en el 2015 ya existió un fallo en Mendoza emanado desde el máximo Tribunal en el que se determinó que el Derecho canónico no prevalece sobre los tratados y convenciones internacionales de los Derechos Humanos; y en ello basó su sentencia. Esto fue apelado por el arzobispado y es lo que ahora se debe dictaminar.