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DETENCIONES ILEGALES Y TORTURA

Indagaron a Marcos Levin en otra causa de lesa humanidad

El empresario Marcos Jacobo Levin fue indagado ayer en una causa en la que se investiga la detención ilegal de dos personas en 1977, plena dictadura cívico militar, una de las cuales habría sido torturada en los talleres de La Veloz del Norte, transportista que entonces pertenecía al empresario. 

NDS |

El empresario Marcos Levin nuevamente concurrió a los tribunales federales, por la detención ilegal de dos personas.
El empresario Marcos Levin nuevamente concurrió a los tribunales federales, por la detención ilegal de dos personas.

Levin estaba citado para las 10 de la mañana en el Juzgado Federal 2 de Salta, a cargo de Miguel Medina, pero se presentó a las 8, se infiere que para evitar a la prensa.

Parece que la citación no le agradó al ahora empresario hotelero: en su breve estancia en el Juzgado Federal le levantó la voz al sumariante, que tuvo que recordarle cuál era la posición de ambos en ese trámite. 

Levin ya cuenta con condena a 12 años de prisión en otra causa por crímenes contra la humanidad, sentencia que aún no está firme. Ahora se lo investiga por la detención ilegal y torturas a Carmen Esteban Juárez, que era delegado gremial del Sindicato de Mosaístas de Salta y era el padre del actual secretario regional del Partido Comunista, Leonardo Juárez. 

En esta causa se investiga al empresario por la detención de Pedro Esteban Juárez Rivera, hijo de Carmen y hermano de Leonardo, quien denunció las detenciones irregulares. 

Centros clandestinos de detención

En esta causa ya fueron indagados los policías Victor Hugo Bocos y Víctor Hugo Almirón, de la Comisaria Cuarta de esa ciudad, que fue usada como centro clandestino de detención durante la vigencia del terrorismo de Estado. Bocos y Almirón también fueron condenados en la otra causa. 

Carmen Juárez fue detenidao en 1977, por entonces era delegado gremial del Sindicato de Mosaístas de Salta, desempeñándose laboralmente en la empresa FAMOGA SRL.

En talleres de la Veloz del Norte

Juárez Rivera denunció que durante 1977, durante la noche, su padre fue detenido por personal uniformado de la Policía de la Provincia de Salta, sin mayores explicaciones, y fue trasladado a los talleres de la empresa de transportes La Veloz del Norte, ubicados en la avenida Tavella y Libertad de esta ciudad, donde habría sido golpeado por miembros de la policía. Entre los agresores, Juárez Rivera identificó al policía Ramón Figueroa.

Luego Carmen Juárez fue trasladado a la Comisaría 4ª, ubicada en ese entonces sobre la calle Lerma N° 656 de esta ciudad, lugar en el que permaneció hasta el día siguiente en que fue liberado alrededor de las 23 horas. 

Ese mismo día, y a alrededor de esa misma hora, Juárez Rivera fue detenido por policías de la provincia, cuando se encontraba en las inmediaciones de la carpa "La Salteña", en el ex Club Municipal, junto con una veintena de personas.

Fueron trasladados a la Comisaría 4ª, donde quedó alojado en una celda colectiva y se le informó que habían sido detenidos por averiguación de antecedentes. Entre los integrantes del operativo reconoció a Bocos, Figueroa y a otro uniformado de apellido Aylón.

En 2016 Levin fue condenado a 12 años de prisión por la detención ilegal y las torturas a Victor Manuel Cobos, también en 1977. Era delegado gremial en La Veloz. Esta sentencia fue declarada nula en 2017 por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, y fue apelada por Cobos, por lo que se encuentra ahora en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Histórica condena en 2016

El empresario Marcos Levin había sido sentenciado en 2016 a 12 años de prisión por el secuestro y torturas de un delegado gremial. Se trató de un juicio histórico que analizó por primera vez la co-responsabilidad empresaria en el terrorismo de Estado.

Sin embargo, los camaristas de Casación Juan Carlos Gemignani, Eduardo Riggi y Carlos Mahiques anularon la condena al afirmar que no se trató de un delito de lesa humanidad.

Marcos Levin, dueño de La Veloz del Norte, fue condenado como partícipe del secuestro de un trabajador. Se trató de un  retroceso en las políticas de memoria, verdad y justicia, el fallo de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal.

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