El trámite se hizo en la Sede Fiscal Descentralizada de Orán, a cargo del fiscal José Luis Bruno, ante el juez federal de Garantías de Orán Gustavo Montoya, quien en línea con lo postulado por el MPF, también hizo lugar a la prisión preventiva del involucrado en el hecho.
La investigación está a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada de Orán e interviene también la Procuraduría de Narcocriminalidad del NOA, dirigida por el fiscal general Eduardo Villalba.
En la presentación del caso, el auxiliar fiscal Luis Valencia explicó que el domingo 17 de abril a las 9.45, personal del Escuadrón 54 de Gendarmería Nacional se encontraba en la ruta 34, a la altura del paraje Piquirenda, cuando vieron circular el camión tipo plancha. El vehículo había salido de esa localidad y se dirigía al sur.
No obstante, al observar la presencia de la fuerza de seguridad, el conductor hizo un giro en “U” y volvió a ingresar a Piquirenda, lo que generó que los gendarmes comenzaran a seguirlo.
Al entrar al pueblo, vieron el camión estacionado en la calle principal, sin ocupantes. Al acercarse, sin embargo, aparecieron en escena el conductor y un acompañante, a quienes los gendarmes encararon para identificarlos.
En esas circunstancias, uno de ellos se dio a la fuga en dirección al monte, lo que provocó que sea perseguido pero sin que pudiera ser alcanzado. En el trayecto se logró secuestrar un arma de fuego arrojado por el prófugo, de acuerdo a lo que declaró un vecino.
El otro ocupante del camión fue detenido y se procedió al traslado del vehículo a la base operativa del escuadrón, donde se realizó la requisa del mismo con el control judicial. En ese momento, un perro antinarcóticos marcó la presencia de droga en la base del camión plancha.
Con la utilización de una amoladora se realizó una abertura en la estructura y se descubrieron 480 paquetes -tipo ladrillo- que representaron un total de 478 kilogramos de cocaína.
De acuerdo a las pruebas reunidas, el auxiliar fiscal formalizó la imputación contra el hombre y requirió su prisión preventiva debido a la naturaleza y gravedad del hecho, sumado a que consideró que existía riesgo de fuga y de entorpecimiento procesal.
El representante del Ministerio Público Fiscal solicitó autorización para avanzar con una serie de peritajes pendientes como la extracción de datos del teléfono celular secuestrado al imputado.
